El juez García Castellón podría haber encontrado un resquicio para que Carles Puigdemont no pueda acogerse a la ley de amnistía. En su auto el juez García Castellón considera que las graves heridas sufridas por los agentes en aquellos disturbios suponen una violación grave del convenio europeo de los Derechos Humanos, de la que podrían ser partícipes los investigados. Como Puigdemont, de quien infiere, a partir de una conversación grabada, que "parece asumir la posibilidad de que haya víctimas mortales" durante las protestas. Se trata de un auto hecho a medida por el juez para sortear el último blindaje de la ley de amnistía pactado entre el Gobierno y los independentistas. Aunque el Gobierno da la ley por cerrada, en Junts ya piensan en cómo atornillarla aún más frente a estos movimientos, antes de que se apruebe el martes en el Congreso. El ministro del Interior, que estuvo en la mira de ETA, hace esta reflexión sobre lo que es terrorismo. "Todos fuimos conscientes durante 50 años de lo que sufrió el país con el terrorismo de ETA. Me parece que lo razonable es poner las cuestiones en el sitio donde deben de estar", dice. Pero reconoce que la última palabra la tendrán los jueces.
