Que no cunda el pánico, porque no hay motivos: el Gobierno de Canarias le ha cogido el gusto a eso de redistribuir la riqueza pagando indemnizaciones a los ciudadanos por errores de todo tipo y está dispuesto a seguir sacrificándose y dar trabajo a los tribunales. Alguien en el ejecutivo CC-PP ha debido caer en la cuenta de que mientras más funcione el órgano, mejor lo hace, porque la experiencia, ya lo dice el refrán, es un grado. Así se comprende el empeño en llevarle la contraria a las directivas europeas sobre liberalización de los mercados. Vale para vender chuflas, y para que en invierno el que quiera pueda montar un puesto de castañas, y hasta en verano, para eso hay libertad total; y vale la libertad de mercados para poner clínicas, guarderías... etc. Las directivas de la Comisión se respetan, y muy bien, para abrir establecimientos turísticos, que ya no están subordinados a la telaraña burocrática y a los enredos administrativos tan españoles, caso que se agrava en Canarias por la hora menos, debe ser, para conseguir las oportunas licencias de apertura. La excepción son los comercios de alimentación más conocidos como 'súper'. A ellos no les afecta la regla general. La norma se interpreta muy sui géneris, trampeando un espíritu europeo que pretende fomentar la competencia. Las razones económicas se disfrazan de argumentos que, presas inevitables de las leyes de la gravedad, se desploman por la insuperable fuerza de atracción terrestre.

La nueva Ley de Comercio que estos días tratan de ultimar sus señorías en el Parlamento regional es, a efectos europeos, nula de pleno derecho, por cuanto tiene demasiados frentes abiertos que demuestran la verdadera intención regulatoria: mantener espacios en los que no pueda entrar la competencia. Lo cual produce situaciones monopolísticas, lo cual encarece los precios, lo cual margina a una parte de la población de las ventajas de que gozan otros, lo cual es buen material, de la mejor calidad, para que los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, que están llevando a cabo una sana, sanísima, cruzada contra la soberbia y la incompetencia política compensen a los empresarios que consideren que sus expectativas han sido limitadas injustamente.

Algunos comerciantes 'aludidos' han confesado en privado que, en el fondo, esto es como una cuenta de ahorros con intereses excelentes, una forma estupenda de salir de la crisis y encontrarse con un capitalito dispuesto para ser invertido casualmente cuando amaine el temporal y vuelvan las rentabilidades habituales. Que es justo lo que piensan muchos de los industriales turísticos que han visto como los tribunales les conceden millonarias indemnizaciones por los perjuicios que les ha ocasionado la gestión de la moratoria. Cientos de millones de euros que el Gobierno tiene que pagar, de hecho ya está pagando, que les llega a los perjudicados como agua de mayo: en el preciso momento en que más falta les hace una liquidez extra para aguantar los efectos del mayor crack financiero mundial del capitalismo.

La crisis actual está aún a la espera de que los famosos brotes verdes se conviertan en arbustos. Por ahora, el consumo se ha retraído; pero lo que nunca se retraen son los derechos. De esta manera, si los jueces consideran que el Gobierno, una vez más, porque loro viejo no aprende idiomas, se empeña en confundir su voluntad con las normas, los tribunales van a tener que compensar a los damnificados que demuestren que, en efecto, se les ha ocasionado un perjuicio. Porque hay algo claro: ni el Parlamento canario puede legislar en contra de la legislación europea o al margen de la misma; ni la Comisión de Niños Desaparecidos es otra cosa que una consecuencia del mismo principio: la integración social de los bobos y una ocupación para los que no saben o no quieren dedicarse a asuntos serios a pesar de su cargo y profesión, sea por insuficiencia intelectual o por la clásica cortina de humo. (tristan@epi.es)