La propuesta lanzada por el consejero de Presidencia del Gobierno canario, José Miguel Ruano, de premiar o penalizar económicamente a los funcionarios de la Comunidad Autónoma según su nivel de cumplimiento o absentismo, no ha dejado indiferentes a centrales sindicales, que critican la difícil implantación de la medida, ni a los empresarios, que respaldan una fórmula similar a la que rige en el sector privado.
El secretario general de UGT-Canarias, Juan Francisco Fonte, criticó la posibilidad de penalizar económicamente a aquellos funcionarios que presenten un alto grado de absentismo. "No tiene sentido, nos interesan empleados públicos motivados, no castigados", dijo Fonte.
Su homólogo en Comisiones Obreras, Juan Jesús Arteaga, apunta a la dificultad que tendría castigar a personas que acreditan una baja médica. "Hay un médico que certifica esas bajas, por lo que estamos hablando de un tema muy delicado; si esas personas no están enfermas habría una falsificación". En el caso de los premios a los funcionarios que sí cumplen "también es polémico, porque ¿qué culpa tiene una persona que se pone enferma para no beneficiarse?", explica. Fernando Pellicer, portavoz de STEC-IC, cree que "no es buena idea introducir elementos diferenciadores y de competitividad entre empleados públicos".
Por su parte, al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, le parece "bien que sancionen al que no está trabajando sus horas", pero no que primen al que sí lo hace, "pues sólo cumple con su obligación y para eso le están pagando".
El presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Ángel Luis Tadeo, es partidario de que "el que más produce sea el que más gana", y espera que los sindicatos no defiendan a los absentistas.
El empresario Juan Miguel Sanjuán apoya aquello que "lleve camino de premiar la cosa bien hecha", pero advierte de la subjetividad que se puede deslizar en estos premios y castigos. "El problema son los criterios objetivos o subjetivos que se apliquen", dice. Finalmente, la representante de constructores y promotores, María de la Salud Gil, respalda "criterios de eficiencia y productividad".
