El Gobierno canario acordó ayer suspender la tramitación del decreto que regula las listas del personal interino y sustituto de la Comunidad Autónoma y retomar las negociaciones con los sindicatos, que ya habían anunciado un fin de curso caliente en los colegios con una huelga a la que estaban llamados más de 23.000 profesores a partir del 9 de abril. Lo que hizo ayer el Gobierno fue elevar una petición al Consejo Consultivo para que suspenda la emisión del dictamen que se le había solicitado como condición previa para que el decreto fuera definitivamente aprobado por el Ejecutivo.

Según explicó el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, esta decisión se adopta por iniciativa del propio Ejecutivo y de su presidente, Paulino Rivero, con el fin de "intentar explorar nuevas vías de diálogo en este asunto". A partir del próximo lunes se establecerá un calendario de negociación entre la Comunidad Autónoma y las centrales sindicales en la mesa general de los empleados públicos con el objetivo de "insistir en el diálogo y conseguir un decreto con el mayor consenso posible", señaló Marrero. Sobre las movilizaciones convocadas por los sindicatos, el portavoz del Ejecutivo dijo que la decisión aprobada ayer es un "gesto" con el fin de "ahondar" en las negociaciones y con la "sincera voluntad" de que el decreto "acabe conciliando los intereses de los interinos y de los opositores que aspiran a entrar en las listas".

Los representantes sindicales de los docentes saludaron ayer la decisión del Gobierno, si bien la desconvocatoria de las movilizaciones no se decidirá hasta la semana que viene y en función de la verdadera voluntad negociadora de la Administración. Fernando Pellicer, del STEC, y José Ramón Barroso, de CCOO, valoraron el paso dado por el Ejecutivo pero se mostraron cautelosos hasta que se convoque la mesa negociadora y se concreten las nuevas propuestas.

Por su parte, la diputada socialista Rita Gómez espera del Gobierno canario una solución "justa" para los docentes tras admitir su "fracaso al suspender el decretazo" de profesores interinos por el que se cubren esas plazas de docentes. Gómez celebra que el Ejecutivo regional "haya renunciado a este engaño, porque no garantizaba la entrada de nuevos docentes a la enseñanza pública ni se respetaban los derechos de trabajadores que llevan una media de diez años ejerciendo".