La mayoría de los empleados de las administraciones públicas existentes en Canarias se sienten los chivos expiatorios de la crisis económica. La propuesta lanzada por el Diputado del Común, Manuel Alcaide, para que los funcionarios "lleven uniforme" con el fin de saber dónde están indignó ayer a este castigado colectivo, el primero al que se le aplicó el ajuste presupuestario con el recorte de un 5% en su salario desde julio, y al que Alcaide pone como ejemplo de falta de productividad y de absentismo laboral.

"Discriminatorio", "absurdo", "frívolo" y "de risa", fueron algunos de los calificativos que empleados públicos dieron a la ocurrencia del Diputado del Común y que a buen seguro monopolizó este jueves las conversaciones de los funcionarios de las cuatro instituciones públicas en el Archipiélago, en las que trabajan 126.000 personas.

Los sindicatos hablan incluso de intento "estigmatizar" y "demonizar" a la función pública por ser, según CC OO, "el eslabón más débil" de la Administración.

"Me parece muy mal que siempre se nos ponga en cuestión", señaló el empleado de la Comunidad Autónoma Alfredo Hernández, para quien el sistema y los políticos "nos tienen como culpables de una situación que no hemos provocado". Según su colega Dácil Oroz a los funcionarios "nos han cogido de cabeza de turco para desviar la atención ante la situación de crisis y la mala planificación económica".

Los funcionarios sostienen que, igual que en cualquier empresa privada, en los entes públicos "hay trabajadores de todo tipo" y su productividad depende de la organización y gestión, que le corresponde a la propia administración. "Las instituciones son conscientes de esa deficiencia y están haciendo programas para su modernización y mejora", apuntó Febe Fariñas sobre la falta de profesionalidad.

RECORTE SALARIAL. El empleado público ha sufrido además un descenso de 65 a 95 euros mensuales en su sueldo desde julio, reducción que se extenderá para todo el 2011 y tanto para la administración general como para las autonómicas, insulares y municipales.

"Somos los chivos expiatorios de la crisis y hay muchos compañeros que son mileuristas", expuso Victoria Montesdeoca en relación al acoso al que se está sometiendo al funcionario. Las estimaciones son que el salario medio del personal público oscila entre los 1.300 y los 1.850 euros mensuales.

"Hay gente muy desmotivada. No sólo los salarios van a la baja, sino que sentimos que la han cogido con nosotros", añade Alicia Larcada.

La portavoz de Comisiones de Bases (Cobas) y funcionaria autonómica, Mery Pita, señaló que tanto las declaraciones del Diputado del Común, como las realizadas por José Manuel Soria sobre el número de funcionarios de baja paseando por Las Canteras, forman parte de un mensaje que trata "desprestigiar lo público para luego privatizar los servicios". A juicio de Pita, los empleados públicos deben responder movilizándose y denunciando los despilfarros que hacen las administraciones. Desde distintos sindicatos se ha apuntado también que tras esta desacreditación del empleado y la administración pública se encuentra el más que probable recorte de personal como ya han anunciado varios gobiernos europeos.