Uno de cada cinco canarios necesita de los servicios públicos asistenciales, según el Gobierno regional. El gasto social estimado para el año próximo será de 310,3 millones de euros y el compromiso del Ejecutivo es no tocar el llamado Plan Concertado de Prestaciones Básicas, un instrumento presupuestario del que dependen en tiempos de crisis unos 400.000 canarios.
Sin embargo, los ayuntamientos, a través de los que se canaliza ese apoyo por ser la administración más próxima al ciudadano, temen recortes que lleven al estallido social. Decenas de miles de ciudadanos viven a diario en el límite, en el equilibrio inestable de un alambre, y lo harán hasta mucho tiempo después de que se supere la crisis económica.
El gasto social constituye hasta la sexta parte del presupuesto de un Ayuntamiento como el de Agüimes (30.000 habitantes), modélico en su área social para toda la municipalidad española, con premios y reconocimientos públicos. Cinco millones de euros gasta anualmente en su política social, de los 29 millones de presupuesto. Una docena de trabajadores sociales, cinco sicólogos, tres pedagogos y 20 educadores se encargan de que nadie se sienta desasistido en este municipio.
El Ejecutivo ha pedido calma a los ayuntamientos. Se mantendrán los programas, pero el recorte no sólo afecta a la asistencia directa, sino también a servicios públicos como la sanidad o la educación. Aunque se mantengan los programas, miles de canarios se verán indudablemente afectados en sus vidas por un recorte global de casi mil millones de euros. En la escuela y la sanidad públicas, los primeros en sufrir ese recorte serán los empleos que no están consolidados, caso de profesores sustitutos o personal sanitario y no sanitario eventual.
