Para España es "vital" la estabilidad de Mauritania para frenar el avance del integrismo islámico. Por ello, según revelan los papeles filtrados por el portal Wikileaks, la tibieza fue la tónica general del Gobierno de Zapatero a la hora de condenar en 2008 tanto el golpe militar en Mauritania como el posible fraude en las elecciones en 2009. Una postura que contrastó en su momento con las más contundente de Estados Unidos y Francia.

En varios de los cables redactados por diplomáticos y oficiales norteamericanos se hace mención a la posición de la diplomacia española con respecto a Mauritania cuando el Ejército protagonizó un golpe de Estado y el general que lo encabezó ganó las elecciones generales de 2009. Canarias aparece en las filtraciones reveladas por Wikileaks como la principal preocupación que tiene el Ejecutivo español sobre el riesgo de que Mauritania se pueda convertir en un Estado fallido y esa debilidad provoque un incremento del terrorismo de Al Qaeda en esta zona y un resurgimiento de la inmigración irregular, que ha sido controlada gracias al aumento de la cooperación de España con los países de la cornisa occidental africana. "España no quiere un Estado fallido a pocas millas de su territorio de las Islas Canarias", argumenta un alto diplomático español.

En otro cable, el jefe de gabinete del ministro del Interior expresa a los representantes norteamericanos que "EE UU y otros países pueden darse el lujo de tener una visión más objetiva de Mauritania y centrarse exclusivamente en la cuestión de la democracia, ya que no están en la línea del frente para afrontar los efectos de la inmigración ilegal procedente de Mauritania".

El Gobierno español admite que "debemos trabajar con los militares (mauritanos) para lograr nuestras metas" y advierte que Mauritania es un país "frágil" y, por lo tanto, "el objetivo de Al Qaeda". Por ello, los diplomáticos españoles creen que en modo alguno debe existir un vacío de poder o conflicto armado en ese país ya que pondría en peligro la estabilidad de la zona y cuestiones fundamentales para España como la inmigración ilegal, el acuerdo de pesca con la Unión Europea -donde España el la principal beneficiaria- o un incremento del terrorismo que afectaría a Mauritania y al antiguo Sahara Occidental.

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