Unos 15.000 canarios a los que se les vence la prórroga del subsidio por desempleo de 420 euros a partir del 16 de febrero corren el riesgo de verse sin ningún sustento económico ante el rechazo frontal del Gobierno regional a hacerse cargo de una nueva ayuda a estos parados de 350 euros como propone el Ejecutivo central.

"El Estado no tiene recursos para seguir financiando la ayuda que dispuso a los parados que agotaban el desempleo y ahora nos quiere pasar el problema a las comunidades autónomas que no tenemos capacidad de endeudamiento". El director general del Servicio Canario de Empleo (SCE) Alberto Génova, resumió así el conflicto generado ahora por el Estado con su propuesta de habilitar una nueva ayuda de para este colectivo de 350 euros.

Génova tildó de "retorcida" la propuesta del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, toda que vez que una política pasiva de empleo, como es la prórroga de 420 euros por seis meses, la transforma en una política de activa de 350 euros al vincularla a un curso de formación, lo que es competencia de las administraciones regionales. "No existe ninguna diferencia porque la ayuda de 426 euros tenía ya un compromiso de actividad para el beneficiario y lo que intenta es quitarse ahora el problema de encima", detallo el responsable autonómico.

El Ejecutivo regional observa también una "trampa" por parte de Madrid con la financiación ya que su aportación la vincula a "la disponibilidad financiera" sin dejar clara la cantidad a transferir. "Esto supone que ponemos en marcha esta ayuda por un determinado periodo de tiempo y el Estado puede decidir en mitad del programa que no va a transferir más", señaló el director general del SCE sobre las graves deficiencias que presenta la alternativa lanzada por el Estado.

La consejera de Empleo y vicepresidenta del de Canarias, María del Mar Julios, tras participar el lunes en la Conferencia Sectorial de Empleo para abordar la sustitución de los 426 euros extra a los parados, acusó al Gobierno de la nación de intentar meter a las comunidades en un "callejón sin salida" ya que carecían de presupuesto para afrontar la alternativa de los 350 euros. La vicepresidente indicó que el Estado asumió "unilateralmente" la creación del denominado Programa Temporal de Protección de Desempleo e Integración) y ahora quiere retirarlo por falta de recursos y "lo que se nos quiere transferir a las comunidades autónomas es un gran problema".

Génova ahondó en esta cuestión y fue más directo. "Hay que decir las cosas claras y el Estado debe manifestar a los ciudadanos que no tiene dinero. Lo siento y punto final". El director general del SCE indicó además que al vincula la nueva ayuda a participar en un curso de formación se puede dar el caso que el parado esté tres o seis meses sin cobrar nada hasta que pueda acceder a un programa óptimo para sus potencialidades y perfil, "por lo que no sería una prestación automática" para una persona sin ningún recurso.