Coalición Canaria quería reforzar estatutariamente la competencia canaria en la autorización de prospecciones petrolíferas y así lo reclamaba en uno de los apartados de sus dos últimos programas electorales, el de las autonómicas de mayo de 2011, y el de las generales del 20 de noviembre del mismo año. Pero esa reclamación explícita da a entender también que admitía de partida que esa es una competencia exclusiva del Estado y que, por tanto, en este momento es el Gobierno central el que tiene la última palabra sobre las autorizaciones a Repsol para buscar petróleo en aguas cercanas a Canarias.

Aunque ambos programas electorales se redactaron con la ley de Aguas Canarias ya en vigor, desde enero de 2011, los textos electorales no la mencionan como fuente de un nuevo marco competencial entre la Comunidad Autónoma y el Estado y sostienen por el contrario de manera implícita que las prospecciones petrolíferas siguen estando en manos de la Administración central. Este hecho contrasta con la posición que mantienen ahora los nacionalistas y el propio Gobierno regional, que apela precisamente a la aprobación de la Ley de Aguas Canarias para considerar que las prospecciones son ya competencia autonómica, razón por la que el Ejecutivo de Paulino Rivero ha avanzado que recurrirá el decreto de autorización si finalmente es aprobado por el Consejo de Ministros.

Los dos programas electorales nacionalista que rubricaban CC, NC y el CCN para las autonómicas de mayo y los que firmaban CC y NC para las generales de noviembre, apuestan por un nuevo Estatuto de Autonomía que dé más competencias a Canarias. En ambos casos se hace mención a la recién aprobada norma sobre espacios marítimos como base para "ejercer en esas aguas, en ese mar canario, las mismas competencias que ya ejercemos sobre los espacios terrestres", sin especificar cuáles.