El movimiento empresarial de la provincia oriental arropó ayer sin fisuras a la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en sus críticas al Gobierno de Canarias por el anunciado aumento de la presión fiscal. Todas las sectoriales coincidieron en destacar el daño que la subida de impuestos hará al ya maltrecho consumo y en el nulo rendimiento que tendrá de cara a lograr una entrada adicional de dinero en las arcas públicas.

El presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), Prudencio Lorenzo, lo expresó de modo gráfico: "Poco van a recaudar del comercio subiendo el IGIC, porque con los precios actuales ya no se vende nada".

Lorenzo incidió sobre el escaso poder adquisitivo que tienen los ciudadanos, "con una tasa de paro del 32%". Del mismo modo, el presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), Rafael Pombriego, afirmó que, con las medidas anunciadas, el Ejecutivo "está matando a una gallina que ya poco puede dar".

Pombriego señaló que la crisis del sector de la automoción es profundísima, "la más grande junto con la de la construcción". La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP), Salud Gil, destacó el efecto neutralizador que la subida de impuestos tendrá sobre las medidas puestas en marcha para aliviar el stock de vivienda que el sector atesora.

La presidenta de la AECP recordó que con anterioridad se habían articulado medidas de abaratamiento fiscal para que los promotores puedan ir vendiendo el enorme parque inmobiliario que tienen en sus manos. El nuevo incremento de impuestos enfría las expectativas ahora.

Además, "no pagan, tenemos que renunciar a los intereses que generan esas demoras y hasta hacer bajas temerarias rozando las pérdidas" para trabajar con la Administración, explicó Gil. La presidenta de la AECP señaló también que la cuestión trasciende lo político para ser un "problema social. De nosotros dependen miles de familias", afirmó.

Desde el sector turístico, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), Fernando Fraile, cifró en 100 millones de euros el sobrecoste que tendrán que soportar las empresas del sector. "La venta a los turoperadores ya está hecha, con lo que la subida del IGIC irá directamente a la cuenta de resultados", señaló.

Fraile reconoció que es el sector que mejor soporta la crisis, "pero esta subida, unida al incremento de las tasas aéreas y de los precios de la energía", dibujan un horizonte gris.

Desde las grandes superficies, el presidente de Asodiscan (Asociación de Grandes Empresas de Distribución de Canarias), Álvaro Rojas, se quejó de que se cree un impuesto "discriminatorio sobre una actividad que ya paga impuestos". Se refería de ese modo a la obligación de pagar en base a los metros cuadrados de que dispongan las grandes superficies.

Rojas expresó su discrepancia señalando que los 11 euros por metro cuadrado que se exigirán, llevarán a un gran centro de 30.000 metros cuadrados a pagar 330.000 euros. "Es una barbaridad", afirmó y señaló además que también pagarán los empresarios que sumen más de 5.000 metros cuadrados en varios comercios.

Fernando Fraile destacó la merma que van a sufrir los resultados de los empresarios turísticos con la subida del IGIC. "Todavía los beneficios no son los que deberían ser", por lo que auguró que una de las víctimas serán los fondos previstos por los hoteleros para "la renovación".