La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda rechazó el año pasado siete de cada diez solicitudes para percibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda para subsistir destinada a personas que se encuentran en situación de exclusión social, sin trabajo ni prestaciones de cualquier otro tipo, sin familiares que les puedan ayudar o con hijos a su cargo y sin acceso a la sanidad o a la educación.
Desde 2007 y como consecuencia de una crisis que ya dura cinco años y que, según los últimos datos de la EPA, mantiene en el paro a 362.300 canarios, numerosos ciudadanos han optado por pedir estas ayudas del Gobierno autónomo. En el transcurso del pasado ejercicio se registraron 4.284 peticiones, de las que 3.166 (74%) fueron rechazadas y solo 1.118 (26%) consiguieron la prestación.
Las solicitudes de la PCI se han disparado desde que comenzó la crisis en 2007 un 22,96%. En 2008, cuando empezó a aplicarse la ayuda, hubo 3.484 peticiones y solo se aprobaron 358. Al año siguiente, en 2009, la demanda se incrementó un 37,63%. No obstante, de las 4.795 solicitudes se aceptaron 2.060. Ya en 2010 se redujeron en un 14,68%. El año pasado, sin embargo, volvieron a incrementarse hasta alcanzar 4.284 peticiones.
El Gobierno de Canarias justifica los rechazos en el hecho de que no todas las personas que piden este subsidio tienen el derecho a percibirlo. Destaca que no se trata de una ayuda económica que sustituya a la prestación por desempleo y que tampoco son ayudas complementarias a otras que se reciban.
Incumplimiento
Sin embargo, desde la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, de la que forma parte el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social, denunciaron el "incumplimiento" de la PCI e informaron de que actualmente están terminando un estudio que lo demuestra.
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, explicó que el Gobierno autónomo ha diseñado cuatro líneas estratégicas para potenciar la integración social de los colectivos más vulnerables. Estas herramientas se centran en la PCI, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, las políticas de atención a las personas con dependencia y la consolidación de programas para potenciar el acceso a la vivienda.
"Todas estas vías son fundamentales. Sin embargo, la herramienta esencial para abordar desde su origen la inclusión social es la PCI", aclaró Rojas. La consejera señaló que "con un presupuesto actual de 20 millones de euros se ha multiplicado su partida por más de cinco en cuatro años".
La premisa fundamental de la prestación canaria para la inclusión es, según el Gobierno, rescatar a personas que se han apartado o han sido apartadas del sistema de igualdad de oportunidades. "Es decir, tiene como fin, incluirlas en el Estado del Bienestar", explicó Rojas. Indicó, por tanto, que es un error percibir esta ayuda como una simple contraprestación económica, porque incluye el diseño de acciones para la integración social dirigidas al área laboral y formativa del solicitante y del resto de la unidad familiar.
Siete de cada 10 demandantes son mujeres. Las canarias de entre 35 y 44 años representan a la mayoría de los solicitantes de la PCI. El perfil apunta a féminas que pertenecen a un hogar monoparental y, por lo tanto, con un hijo como mínimo a su cargo, sin ningún tipo de discapacidad ni enfermedad diagnosticada. Las demandantes son desempleadas y con un nivel de estudios mínimos. Al 90% de estas familias les falta medios de subsistencia, como la carencia de alimentos y problemas con la vivienda.
