El PP arremetió ayer contra el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, por afirmar que la Unión Europea permite primar la contratación de los residentes en Canarias. El eurodiputado canario del PP Gabriel Mato critica que la interpretación del Ejecutivo regional de una comunicación de la Comisión Europea sobre las regiones ultraperiféricas es "absolutamente incierta" y que se crea "confusión" sobre la posición de las instituciones europeas sobre este asunto.

El europarlamentario del PP considera que la actitud del Ejecutivo que preside Paulino Rivero es "especialmente grave" porque desde Bruselas se ha dejado claro en varias ocasiones que no es posible establecer discriminaciones directas ni indirectas en relación con las contrataciones. "Es un acto de grave irresponsabilidad usar de forma torticera la posición de Bruselas ya que puede traer consecuencias negativas para Canarias en un momento especialmente delicado", advierte el dirigente popular.

Mato ya ha presentado en el Parlamento Europeo una serie de preguntas al Consejo y a la Comisión para que aclaren la posición ante el anuncio realizado por el Gobierno canario.

Sin embargo, el viceconsejero de Economía y Relaciones con la UE del Ejecutivo regional, Ildefonso Socorro, aclaró ayer que las comunicación de la Comisión Europea establece que "los órganos de contratación de las regiones ultraperiféricas pueden exigir a las empresas a las que se concede un contrato público que contraten mano de obra local siempre y cuando no exista discriminación directa ni indirecta en relación con la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios".

Para Socorro, lo que viene a decir Bruselas es que la Administración puede exigir como uno de los criterios de adjudicación en una licitación pública la contratación de mano de obra local, entendiéndose como tal la mano de obra desempleada que esté inscrita en el Servicio Canario de Empleo con residencia en las Islas aunque el parado haya nacido en otro país o comunidad autónoma.

El Ejecutivo regional justifica esta petición a la Unión Europea en los elevados índices de desempleo que hay en las Islas, ya que Canarias es la segunda región de Europa con más paro. Según el viceconsejero de Economía, no se exige que la empresa adjudicataria de la obra pública esté establecida en Canarias ya que en este punto si se puede entrar en colisión con el Derecho comunitario, según el Gabinete autonómico.