El anuncio del Ministerio de Fomento de que los canarios deberán presentar un certificado de residencia si pretenden viajar a partir del 1 de septiembre ha provocado que cientos de ciudadanos se acerquen estos días a las oficinas de los ayuntamientos para obtener sus impresos. En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desde el lunes muchos ciudadanos hicieron cola con la intención de obtener sus certificados lo antes posible, a pesar de que la medida no empezará a aplicarse hasta dentro de casi dos meses.
Debido a la escasa información facilitada por el Gobierno central y por las aerolíneas, y ante la posibilidad de que se formasen grandes colas y aglomeraciones para solicitar los certificados, el Ayuntamiento de la capital grancanaria ha decidido habilitar una mesa específica en sus dependencias para agilizar los trámites. Así, todo el que quiera obtener un certificado para viajar sólo tiene que acudir a estas oficinas y, tras presentar el DNI y pagar la tasa municipal de 2,46 euros, obtendrá su documento de manera inmediata.
Según los datos facilitados por la Corporación, las solicitudes para obtener los certificados de empadronamiento se han multiplicado en los últimos días. De hecho, entre el lunes y ayer las oficinas municipales tramitaron en torno a las 400 acreditaciones, lo que supone un aumento considerable de las solicitudes expedidas normalmente.
Ventanilla virtual
Además, desde la página web del Ayuntamiento se ha habilitado una opción, a través de la "ventanilla virtual", que permite a los residentes obtener sus certificados por Internet, siempre y cuando estén en posesión de la firma electrónica. Esta medida pretende evitar que el ciudadano tenga que desplazarse hasta las oficinas municipales para obtener el impreso.
Sin embargo, otros ayuntamientos canarios, como el de San Sebastián de La Gomera, han anunciado ya que no cobrarán por la emisión de los certificados de empadronamiento. Según explicó ayer en un comunicado el alcalde del municipio gomero, Ángel Luis Castilla, el pleno de su Ayuntamiento ha aprobado ya la "exención en el pago de la tasa por emisión del certificado de residencia para viajar". Además, Castilla afirmó que también están trabajando para que la acreditación también pueda ser expedida a través de Internet.
Por su parte, el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, manifestó ayer que la Administración autonómica dispone de un programa informático desarrollado para que se pueda consultar el certificado de residencia de los viajeros a la hora de emitir el billete. Berriel apuntó: "Ya se lo hemos expresado así al Ministerio de Fomento, e incluso lo ponemos a su disposición para su puesta en práctica", si bien admitió que desde Madrid se le habían comunicado ciertas reservas acerca de esta solución "porque afecta a la Ley de Protección de Datos".
Sin embargo, el consejero señaló: "Tampoco creemos que esto suponga al final demasiados problemas, ya que entendemos que el propio ciudadano solicita que se considere su residencia".
Berriel se alineó con el Ministerio en el aspecto del control. "Estamos de acuerdo", expresó, "en que se establezcan mecanismos para evitar el fraude, que es la preocupación de Fomento. En esto tienen todo nuestro apoyo".
Eso sí, el responsable del área de Transportes en la Administración autonómica expresó su rechazo a "una vuelta a situaciones ya superadas en años ya muy lejanos. Hoy día no son de recibo este tipo de medidas, estamos en la era de la informática". De ahí que el Gobierno canario insistiera ante Fomento para que reconsidere su exigencia del papel en mano.
En este punto, se mostró optimista acerca de un posible cambio de postura por parte del Estado, ya que "la propia Dirección General de la Aviación Civil nos ha convocado a una reunión", en la que podría arbitrarse una solución técnica para evitar la expedición de certificados de residencia de forma masiva.
Un trámite que podría generar algunos ingresos extras a los ayuntamientos, pero que también los obligaría a sumir unos costes adicionales por la sobreactuación administrativa. En todo caso, en el Gobierno de Canarias se mantiene la percepción de que los municipios tampoco son partidarios de la imposición del trámite.
Según el consejero, esta medida afecta a unos siete millones de viajeros que viajan anualmente entre las Islas o con la Península.
