El sábado 28 de julio un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas despegaba del aeropuerto de Tinduf, sur de Argelia, con doce cooperantes españoles a bordo rumbo a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. El Gobierno español repatriaba a los voluntarios que estaban desarrollando su labor en los campos de refugiados saharauis alegando un incremento del riesgo de secuestros por parte de grupos armados que operan en el norte de Malí. Una semana después, desoyendo las recomendaciones del Gobierno español, treinta activistas y cooperantes, entre ellos dos canarios, regresaban a Tinduf entre importantes medidas de seguridad, como construcción de muros en torno a Rabuni y una fuerte presencia militar. El Frente Polisario ha blindado a los españoles porque el riesgo existe, pero no más que en otros países de la región donde la cooperación española sigue presente.
Pero esta historia comienza mucho antes. La noche del 22 de octubre de 2011, dos todoterrenos irrumpen en los módulos que albergan a los cooperantes en Rabuni, capital administrativa de los campamentos. A bordo, diez hombres armados que, a punta de fusil, se llevan consigo a tres voluntarios, dos españoles y una italiana. Perseguidos por vehículos del Frente Polisario, consiguen sin embargo atravesar el norte de Mauritania y adentrarse en Malí, en pleno desierto del Sahara, donde se pierde su pista. Días más tarde, el secuestro es reivindicado por el recién creado Movimiento por la Unicidad de la Yihad en África Occidental (Muyao), una rama escindida de la temible Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) que desde hace más de una década siembra el terror en el Sahel y que ha convertido el secuestro de occidentales en su principal fuente de ingresos.
Era la primera vez que tres europeos eran secuestrados en los campos de refugiados de Tinduf, donde hay unos 165.000 refugiados saharauis que viven en condiciones muy adversas gracias a la ayuda humanitaria internacional. Esto supuso un duro golpe para el Frente Polisario, sobre el que recayeron las miradas de una posible infiltración de terroristas en sus filas. La reacción no se hizo esperar. El Polisario condenó los hechos y, en coordinación con Argelia que envió 30.000 soldados más a esta inhóspita y ya de por sí militarizada región, puso en marcha medidas de seguridad encaminadas a impedir que se volviera a repetir un secuestro. Desde octubre, todas las precauciones son pocas.
Los grupos terroristas que están establecidos en el norte de Malí operan, en realidad, en toda la región del Sahel, desde Níger y Túnez en el este hasta Mauritania en el oeste. El riesgo de secuestro de occidentales existe en toda esta banda y no es nuevo, ya se sufre desde mediados de la década pasada, pero Tinduf es un lugar donde el Ejército argelino y las fuerzas militares del Polisario están muy presentes. De hecho, tras el rapto de los dos españoles y la italiana de finales de octubre, parece ahora más difícil que antes. Entonces, ¿a qué viene ahora esta repatriación?, ¿realmente el Gobierno español tenía datos que avalaban el espectacular y mediático envío de un avión hasta Tinduf?, ¿qué se esconde detrás de esta decisión?
La respuesta, curiosamente, ha venido del lado más inesperado. El 18 de julio pasado, diez días antes de la repatriación de los españoles de Tinduf, Muyao procedía a la liberación de los rehenes Enric Gonyalons y Ahinoa Fernández de Rincón, que habían sido secuestrados en octubre de 2011. Según un portavoz de este grupo armado, las condiciones negociadas entre los terroristas y el Gobierno español, a través de mediadores burkineses, fueron: 15 millones de euros, la excarcelación de tres miembros de Muyao y la repatriación de los cooperantes españoles en Tinduf. Nadie sabe qué gana Muyao con esta última medida, pero todos saben a quién beneficia en el escenario internacional y este es, sin duda, el régimen marroquí, que vivió la salida de los cooperantes de Tinduf como una victoria de sus tesis sobre el Sahara Occidental.
Pero no todos los españoles subieron a aquel avión militar. Se quedó uno, el periodista Pepe Oropesa, a quien el Gobierno español "obligó" a firmar un documento en el que "liberaba" de responsabilidad al Ejecutivo de Mariano Rajoy en el caso de que fuera secuestrado. Hace unos días contaba, desde los campos de refugiados: "Aquí no hay sensación de peligro, esa sensación viene de fuera. Ni esto es un campo de batalla ni se percibe peligro. Otra cosa es lo que se esconda por detrás. Las autoridades y la población transmiten tranquilidad y confianza".
Desde su nacimiento a mediados de 2011, Muyao ha contado en sus filas con malienses, mauritanos y saharauis. Pero por la misma razón que nadie acusa al Gobierno de Malí o de Mauritania de estar detrás de los terroristas (todo lo contrario, más bien lo sufren), tampoco se puede afirmar, como insinúa constantemente el régimen marroquí, que el Polisario esté vinculado a Muyao. Curiosamente, hasta ahora, los principales objetivos de este grupo terrorista han sido contra Argelia (secuestro de diplomáticos y atentados) o en suelo argelino, histórico rival de Rabat en el frágil juego de equilibrios del norte de África.
Horas después de la repatriación de los cooperantes, el Gobierno español anunció que incrementaba también el riesgo de secuestros a todo Malí y no solo al norte del país. Sin embargo, este riesgo, que en realidad ya estaba declarado desde antes, y la recomendación de abandonar el país no ha supuesto el envío de ningún avión de repatriación. En Malí persiste una colonia española de, oficialmente, 85 personas, en su mayor parte personal de la Embajada y la Oficina Técnica de Cooperación así como religiosos. En menor medida hay presencia de empresarios y cooperantes, casi todos establecidos en Bamako. Por razones de seguridad han restringido mucho sus movimientos en los últimos tiempos.
