El Gobierno canario advierte a Repsol y al Ministerio de Industria que la batalla judicial en contra de las prospecciones petrolíferas sólo acaba de empezar. Desde Presidencia del Gobierno se añade que aún se está en el "punto cero", ya que los tres autos conocidos hasta ahora del Tribunal Supremo sólo se refieren a cuestiones formales pero ninguno de ellos entra en el fondo del asunto. La Comunidad Autónoma prepara una batería de recursos y será antes de finalizar septiembre cuando los servicios jurídicos presentarán la demanda con la que se pretende que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la legalidad o no de los sondeos.
Además de la demanda que se presentará en septiembre, el Ejecutivo prepara al menos dos acciones judiciales más a corto y medio plazo. La primera de ellas será también ante el Supremo para que éste realice una consulta a la Comisión Europea sobre si la Ley de Hidrocarburos de 2007 cumple la Directiva comunitaria, ya que el Ejecutivo regional tiene serias dudas al respecto. De hecho, la queja elevada por el presidente el Ejecutivo, Paulino Rivero, al comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea plantea que se investigue la legislación española sobre el sector de hidrocarburos.
El Gobierno canario volverá a solicitar la suspensión cautelar de las prospecciones cuando Repsol obtenga la autorización definitiva para realizar las primeras catas en el subsuelo marino situado frente de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Antes de que esto se produzca Repsol tendrá que dar a conocer el informe de impacto medioambiental y que el Ministerio de Industria abra el documento al proceso de información pública, momento en el cual la Comunidad Autónoma presentará las alegaciones para oponerse a los sondeos.
Fuentes de Presidencia resaltan que hasta ahora el Supremo ha dado más relevancia a los aspectos económicos de las prospecciones que a los medioambientales, por lo que la demanda que se presentará a finales de septiembre se dará más realce a la protección ambiental, en la línea de lo que vienen recogiendo numerosos informes realizados por expertos y colectivos sobre las especies y la biodiversidad que se encuentran amenazadas si continúan adelante los sondeos en búsqueda de crudo.
Por indicaciones expresas del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma preparan una demanda "a conciencia" con el fin de no dejar ningún cabo suelto e intentar que el Tribunal Supremo analice a fondo los perjuicios que pueden ocasionar las prospecciones al hábitat marino y a la principal industria de Canarias, el turismo, en caso de vertidos.
Estrategias
Pero la Comunidad Autónoma no está sola en esta batalla judicial, ya que los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, partidos políticos y organizaciones ecologistas también preparan sus respectivas estrategias para intentar frenar las exploraciones en los tribunales. En este sentido, el Cabildo de Lanzarote resta importancia al último fallo del Tribunal Supremo porque responde a un procedimiento que no "era el único, ni el más importante". Para el presidente de la Corporación insular , Pedro San Ginés (CC), "habrá que esperar a la sentencia o al pronunciamiento sobre los recursos que se presentarán" contra los nuevos permisos concedidos este año, para conocer si el Supremo los considera o no legales. "El incidente de ejecución de sentencia es uno de los procedimientos emprendidos, pero no será ni mucho menos el más importante", subraya.
