El presidente del Confederación de Empresarios (CEOE) de Tenerife, José Carlos Francisco, considera que la administración autonómica canaria debería prescindir de unos 5.000 empleados públicos en 2013 para ajustarse a la reducción de las aportaciones del presupuesto del Estado.
En opinión del dirigente de la patronal tinerfeña, en torno a 400 millones de euros de ese recorte estatal, que se sitúa en unos 600 millones, tendrían que ahorrarse en prescindir de personal en órganos administrativos que prácticamente no tienen funciones. "El mundo ya ha cambiado y la administración canaria va a cambiar porque no tiene más remedio. Cuanto más tarde, más grave será la enfermedad y la recuperación será más larga, de manera que pueden quedar secuelas por no haber actuado a tiempo", afirmó Francisco.
Para el dirigente empresarial, hay parte de la administración cuyas funciones ya no tienen razón de ser "y si no hay función no debe haber órgano".
Por eso "no es precisamente en sanidad" donde hay que reducir personal, porque se nota en el servicio, "sino en departamentos que dan licencias, que dan autorizaciones y que hacen informes, pero que ahora ni dan licencias ni sacan concursos ni adjudican ni controlan. Ahí debería haber un gran recorte".
El Gobierno de Canarias, según Francisco, debe preservar en cambio "las partidas que tienen impacto multiplicador en la economía, como la inversión pública, que ya está bajísima", o las políticas dinamizadoras de la economía.
Todas las empresas han hecho ajustes, incluso los sindicatos han hecho expedientes de regulación de empleo, y la administración necesita "un ajuste de estructura permanente y definitivo" que pasa por la rescisión de contratos de personal laboral e interino, no de funcionarios, precisó. Francisco admitió que se han tomado algunas medidas, pero en áreas como la educación "no se está aplicando el real decreto" de julio pasado, que provocaría más ajustes de personal.
