El debate interno entre los dos grupos que forman el Gobierno regional, CC y PSC, para cuadrar los presupuestos de 2013 se tensa. Sobre la mesa está el despido de entre 3.000 y 4.000 empleados públicos que plantean los nacionalistas y la oposición de los socialistas, que estudian alternativas para evitar decisiones traumáticas en el capítulo de Personal. Por segunda vez en el mismo año -la anterior ocasión fue en mayo- los dos socios de gobierno deben salvar serias diferencias a la hora de ajustar las cuentas autonómicas.
Los dos protagonistas de esta pugna son el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y el consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola. Hacienda baraja meter la tijera en el capítulo I del presupuesto ante la tesitura de tener que reducir las cuentas en 575 millones de euros y por la imposibilidad de volver a subir los impuestos. La horquilla que se contempla por el departamento que dirige González Ortiz es la de reducir entre 3.000 y 4.000 empleados públicos a través de extinciones de contratos y regulaciones de empleo, donde se incluirían también a los servicios públicos.
Para los socialistas hay "líneas rojas" que no están dispuestos a traspasar y una de ellas son los despidos masivos en la Administración autonómica. Fuentes cercanas al Ejecutivo recuerdan que en mayo CC puso sobre la mesa el despido de 4.000 empleados públicos y el PSC se negó. Después de una dura negociación interna se redujeron partidas en todos los capítulos y se subieron los impuestos. Ahora el escenario ha empeorado ante la drástica bajada de los ingresos procedentes del Estado.
Función Pública, departamento que dirige Hernández Spínola, hace encaje de bolillos con propuestas que pasan por reducir hasta un 20% los cargos públicos y la estructura de la Administración autonómica, imponer mayor flexibilidad interna a los empleados públicos para poder moverlos entre departamentos, reducir jornadas y rebajar sueldos. El PSC ve inevitable se- guir reduciendo contratos, no realizar nuevas contrataciones, no reponer las plazas vacantes y no convocar oposiciones. A lo que se resisten los socialistas es a dar su aprobación a un despido masivo de empleados.
Otra alternativa que se plantea desde el PSC es profundizar en la reestructuración del sector público, es decir, continuar adelgazando el entramado de empresas, organismos autónomos y fundaciones dependientes de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, este es un asunto que están en manos de Economía y Hacienda, coto de Coalición Canaria. Los socialistas proponen acelerar las fusiones de empresas y fundaciones y adecuar las plantillas a las necesidades reales.
Aunque el pacto no es cuestionado ni por nacionalistas ni por socialistas, sí se han producido algunos roces entre departamentos dirigidos por socialistas cuando se trata de asuntos relacionados con responsabilidades de los nacionalistas.
Las recientes declaraciones del presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, sobre la necesidad de prescindir de 5.000 empleados de la Comunidad Autónoma ha puesto en alerta a los dirigentes socialistas. El frenazo a la aprobación del presupuesto autonómico hasta que se vea cómo quedan las cuentas del Estado ha dado cierto "respiro" y Función Pública se está empleando a fondo para amortiguar en la medida de lo posible una decisión que cuenta con la salvaguarda legal del Estado pero que supondría traspasar la "línea roja" de los socialistas.
