Los 3.300 empleados públicos a los que el Gobierno de Canarias reducirá el sueldo y los horarios en 2013 perderán entre 174 y 320 euros al mes. El recorte medio estimado en las nóminas sería de 200 euros. El dato corresponde a la rebaja del 20% del sueldo anunciado un mes atrás por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno regional, Francisco Hernández Spínola, y concretado en la Mesa General de Empleados Públicos en la que se sientan trabajadores y administración. El Ejecutivo aprobará esta medida (previsiblemente hoy) dentro de los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio. Entre los afectados se encuentran el personal con contrato temporal, laborales que han pasado a ser indefinidos por una resolución ju-dicial o administrativa y los fun-cionarios interinos. No afecta ni al personal sanitario, ni al de Justicia o a los docentes.

Atendiendo a las tablas salariales, un laboral del Grupo 5, con una retribución básica mensual estimada de 871 euros brutos perderá 174 euros en su nómina. En el caso de un empleado del Grupo 1 (el máximo), el recorte será de unos 320 euros sobre un sueldo de 1.595. Para los funcionarios sin plaza fija, también afectados, el ajuste en lo que cobran oscila entre los 110 euros de un trabajador del Grupo E (cuya nómina bruta es de 550 euros mensuales) y los 221 que corresponden a uno del Grupo A (que tiene 1.109 euros de retribución básica).

Hay que precisar que, según el caso, el personal puede disfrutar, además, de retribuciones complementarias (sólo los funcionarios) o por antigüedad, que no están sujetas al recorte.

No todos estos trabajadores perderán el 20 % de su sueldo y su jornada laboral. Unos 950, que tienen menos de 25 horas semanales (en su gran mayoría, vigi- lantes de comedor), verán reducido su salario en una proporción menor: un 10 %.

La Plataforma de Empleados Públicos de Canarias -los afectados- acusa al Ejecutivo de "discriminación", y le reclaman que retire este ajuste de las cuentas para el próximo ejercicio. María José Martínez, secretaria general de la federación de empleados públicos de la Unión Sindical Obrera (USO), también pidió esa rectificación del presupuesto. Además, expresó sus temores de que el recorte "no sea sólo para el próximo año", y que "como ocurre con otros tijeretazos del Gobierno central o el autonómico, esto se prolongue o se quede así". Martínez subrayó que "ahora a los sindicatos nos toca empezar desde cero, para tratar de recuperar libertades y derechos adquiridos hace mucho tiempo, que ahora desaparecen".

En su momento, Spínola adelantó que no habría despidos masivos en la administración, pese a que la nueva regulación lo per- mite, y que sólo estarán afecta- dos 3.300 empleados de los 62.200 que mantiene la administración regional. Sin embargo, otras vo-ces comienzan a advertir de lo contrario. La formación ecosocialista Sí Se Puede apuntaba ayer que esta primera restricción de sueldos del Gobierno podría ser "el preámbulo" de esos despidos, según recogió Efe.