Los funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y guardias civiles en Canarias podrán seguir eligiendo la sanidad pública como una opción dentro de su mutualidad. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido un acuerdo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por el que se dejaban sin efecto los conciertos entre el Servicio Canario de Salud y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y la Mutualidad General Judicial (Mugeju). En total suman 25.081 en toda Canarias entre empleados de las Administración general del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y personal de la administración de Justicia.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias acordó el pasado jueves 6 de septiembre de 2012 denunciar los conciertos para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de la Comunidad Autónoma de Canarias de Muface, firmado el 20 de diciembre de 1985; de Mugeju, datado el 29 de diciembre de 1995; y de Isfas, con fecha de 30 de diciembre de 1986.
La denuncia del Gobierno de Canarias tenía una consecuencia inmediata, la suspensión de la prestación de asistencia sanitaria pública para los colectivos afectados. Sin embargo, los tres organismos presentaron sendos escritos al TSJC en el que solicitaban la suspensión cautelar de la decisión de Sanidad los días 20 y 21 de noviembre del pasado año.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Canarias del TSJC, firmó pocos días antes de Navidad, el 20 de diciembre, un auto por el que atendía el requerimiento de los organismos afectados y anulaba los efectos de la denuncia de Sanidad hasta que se resolviese el procedimiento.
El fallo judicial, que firman el presidente de la Sala, César García Otero, Jaime Borrás Moya y Francisco José Gómez Cáceres, cuenta con el voto particular de Inmaculada Rodríguez Falcón.
Perjuicios económicos
En sus fundamentos jurídicos, la mayoría de los magistrados de la Sala entienden que los perjuicios económicos que se derivan para los mutualistas son importantes "en gran medida".
El propio Gobierno, destaca Rodríguez Falcón, en el voto particular, asegura que "en ningún caso se deniega la existencia sanitaria a los mutualistas que opten por la asistencia sanitaria del sistema público de salud canario, por lo que podrán seguir acudiendo a los servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud (SCC), pero eso sí, tales asistencias serán facturadas salvo que se convenga un nuevo concierto con nuevas condiciones".
Según aseguraron fuentes conocedoras del procedimiento, "esto significa que [los funcionarios] podemos acudir a la sanidad pública, pero que tendremos que pagar la asistencia de nuestro bolsillo cuando nos la presten y luego ya ajustaremos cuenta con la mutualidad".
Este es el motivo por el que, pese a que no se deniega la asistencia sanitaria pública, sí se podría dar un perjuicio económico para los funcionarios o militares que tuviesen que ser atendidos.
Por otro lado, la Sala defiende que los acuerdos denunciados por la Consejería de Sanidad se realizan con "una fórmula genérica del tipo de: 'La actual realidad legislativa en materia sanitaria ha hecho el concierto tan obsoleto que resulta ineludible su denuncia". Algo de "este calado", insisten los magistrados, "no puede ser despachado" así, "sin más especificaciones".
Rodríguez Falcón contesta a sus compañeros de Sección que no pueden considerar la apariencia de buen derecho porque no se han dado los requisitos establecidos por la ley: "Que el acto haya recaído en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general que haya sido previamente declarada nula, o bien, cuando se impugna un acto o una disposición idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados".
Por otro lado, defiende que "al valorar el nivel de motivación", los magistrados han examinado el fondo del asunto, algo que está "vedado a la Sala en este momento procesal".
Gastos subsanables
Sobre si los gastos a los que tendrían que hacer frente los mutualistas en caso de no haberse suspendido el acuerdo se podrían considerar irreparables, la magistrada afirma -en contra del parecer de la Sala- que "no" lo serían puesto que la "pretensión autonómica" sería actualizar los precios en lugar de continuar la "pretensión de las mutualidades".
De hecho, Inmaculada Rodríguez Falcón afirma en su voto particular que "para que pudiera prosperar la suspensión en la pieza hubiera sido preciso que Muface, Isfas y Mugeju, acreditaran perjuicios irreparables, consistentes en que se viesen obligados a privar a sus mutualistas del derecho a elegir recibir la asistencia sanitaria del SCS, remitiéndolos a entidades privadas, por la imposibilidad de atender a las pretensiones económicas de la Comunidad Autónoma por esos servicios sanitarios". A su entender, esto no ocurre, por lo que la Sala debió "denegar la suspensión" solicitada por las mutuas.
Empleados públicos
Z Empleados del Estado
25.081 en las Islas
En Canarias viven un total de 25.081 empleados de la administración pública estatal. El Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas desvela que 7.535 de ellos trabajan en centros dependientes de los ministerios, agencias estatales e instituciones sanitarias y de Defensa; 7.305 prestan servicio en la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 8.350 en las Fuerzas Armadas; 678 en la administración de Justicia y 1.213 en entes públicos. Del total 14.927 residen en la provincia de Las Palmas y 10.154 en la de Santa Cruz de Tenerife
Z Comunidad Autónoma y corporaciones locales
99.456 el pasado año
El pasado año se contabilizaban en las Islas un total de 99.456 empleados de públicos de la administración autonómica y local -cabildos y ayuntamientos. A la primera corresponde un total de 61.867 personas -42.119 de ellas mujeres-; los siete cabildos y 88 ayuntamientos suman 33.011 trabajadores y personal de las dos universidades -Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de La Laguna- se contabilizan un total de 4.578 personas.
Z Más en Las Palmas
Un total de 124.537
Por provincias en Las Palmas residen 65.961 funcionarios del total de 124.537.
