La familia Kokorev reclama a la Justicia que les permita salir de Gran Canaria

La familia Kokorev ha solicitado a la Audiencia Provincial de Las Palmas suprimir la prohibición de salir de Gran Canaria, que les fue impuesta en 2017, tras pasar previamente más de dos años en prisión preventiva, así como la devolución de sus pasaportes. Vladimir, Yulia e Igor Kokorev llevan casi siete años recluidos en la isla como medida cautelar para garantizar su presencia en el juicio, que todavía no tiene fecha de inicio, a pesar de que la instrucción terminó hace tres años.

Han pasado más de dos décadas desde los Kokorev fueron acusados del supuesto blanqueo de 109 millones de euros, que habría ganado a través de la venta ilícita de armamento a Guinea Ecuatorial. El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción concluye que la familia, de origen hispano-ruso y con residencia en la capital grancanaria, habría construido un entramado empresarial con sede en varios países para lavar el capital procedente del tesoro público ecuatoguineano.

En los escritos presentados la semana pasada por las defensas de los tres acusados ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial denuncian que el tiempo de espera para resolver un delito penado con entre seis meses y seis años de prisión es «una auténtica barbaridad», pues la investigación comenzó hace ya 21 años. Según señalan, estos plazos no guardan «nociones de proporcionalidad» y detallan que, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya ha transcurrido «sobradamente» el periodo de diez años que establece el Código Penal para aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Anticorrupción les acusa de blanquear 109 millones procedentes de la venta ilícita de armas

De esta forma, destaca la defensa, el proceso ha superado los tiempos permitidos por los tribunales europeos e internacionales. Además, recuerdan que el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional está tramitando diligencias previas por un delito de tráfico de armas contra los tres miembros de la familia, pero en este caso no se han acordado medidas cautelares con respecto a la restricción de libertad de los investigados.

El Ministerio Público solicita la pena máxima de seis años para Igor Kokorev –hijo de Vladimir–, mientras que para el resto de acusados que no forman parte de la familia pide entre cinco años y seis meses de prisión y cinco años y un mes de prisión. A pesar de la escasa diferencia entre las penas, señala la defensa de Igor, ninguno de los otros acusados ha estado sometido durante este tiempo a medidas que limiten su libertad. A su juicio, esta «disparidad de trato» está basada en el arraigo en España de los acusados, por lo que recuerda que su defendido «no es menos ciudadano español por no haber nacido en el país donde ha vivido casi 30 de sus 41 años».

Los acusados, según recogen los documentos, ya han cumplido un tercio de la pena máxima que «en el peor de los escenarios», le podría corresponder, sin tener en cuenta la conversión a días de prisión de las medias cautelares impuestas durante los últimos siete años.

Situación «inasumible»

En el plano personal, la defensa de Igor, liderada por el letrado Álvaro Campanario, expone en su escrito que este proceso «ha afectado gravemente a la vida y al bienestar de su familia». En concreto, hace hincapié en que su esposa, de origen coreano, es actriz y cantante profesional, motivo por el cual debe pasar largas temporadas fuera de casa. Hace un año, Igor quiso acompañarla durante seis meses a Seúl, donde tenía un contrato de trabajo con una compañía de teatro, para evitar así estar lejos de sus dos hijas –de 5 y 8 años–. El acusado expuso esta situación a la Sala y solicitó un permiso para poder viajar junto a su familia que le fue denegado. 

La salud del patriarca evoluciona «a peor» y presenta primeros signos de demencia

La esposa, finalmente, se vio obligada a rechazar el contrato porque «debido a la corta edad de las niñas, no se les puede separar seis meses de uno de sus padres». Por esto, el escrito expone que la continua renuncia a su carrera profesional supone no solo un coste económico, sino psicológico y emocional. Esta «dura» situación, sin un horizonte final, es «inasumible» por la pareja, que no puede hacer ningún plan de vida y se encuentra a expensas «del tiempo que decidan tomarse las autoridades para investigar o fijar la fecha del juicio».

Postrado en la cama

Campanario denuncia en su escrito que «el Interés del Ministerio Público no puede prevalecer de forma indefinida sobre los Derechos Fundamentales del acusado». Además, concluye que el objetivo de las medidas impuestas a Igor –la prisión provisional y la reclusión en Gran Canaria– van más allá de asegurar su presencia en el juicio. El letrado considera que se trata de «mecanismos de presión para facilitar la condena del acusado principal, Vladimir Kokorev». 

Según el Ministerio Público, el patriarca «es la fuente generadora de riqueza ilícita y tiene conexión con una organización criminal de comercio corrupto e ilegal de material militar de defensa y doble uso». También apunta que cuenta con vínculos con un ciudadano ruso condenado por tráfico ilegal y contrabando de armas con capacidad de carga nuclear en China e Irán. 

En diciembre de 2021, Vladimir –de 70 años– acudió en ambulancia a firmar al juzgado debido a su estado de salud, que no ha mejorado desde entonces, según expone su defensa. Esta situación, destacan, «influirá a favor de su no ingreso en prisión por razones humanitarias o del cumplimiento de la condena en régimen abierto penitenciario». Según detalla el letrado en el escrito, padece una «grave patología» de tipo cardiovascular, «incurable y que evoluciona a sin interrupción a peor desde 2018». A esto se suma una hipertensión «muy grave, refractaria a tratamiento». En las últimas exploraciones, ha presentado «síntomas de demencia», pendientes de valoración neurológica. Además, destaca que su movilidad es «extremadamente reducida», por lo que permanece postrado en una cama casi todo el día, precisando asistencia permanente. 

Es precisamente su mujer, Yulia, de 72 años, la que se encarga de sus cuidados, «en cuya compañía permanece invariablemente». La defensa de Yulia recuerda que en su auto de libertad, de septiembre de 2017, la Sala expuso que los indicios de su participación en el delito investigado «presentan menor intensidad que en el resto de los miembros de su familia», por lo que su puesta en libertad «no ocasionará obstáculo alguno para la investigación penal en curso». 

Los letrados de la familia Kokorev concluyen que, suponiendo que el juicio oral se celebre el año que viene y que el procedimiento llegara a la fase de casación ante el Tribunal Supremo, a la causa le quedaría un mínimo de cuatro años para que se inicie la fase ejecución. Para entonces, Vladimir, Yulia e Igor, llevarían sin poder salir de Gran Canaria 13 años. En febrero, la Audiencia de Las Palmas desestimó la petición de la defensa del matrimonio Kokorev para que el caso se trasladara a la Audiencia Nacional y, por tanto, se juzgará en Gran Canaria.

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