El Gobierno canario y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ultiman el convenio del plan de empleo social, que entrará en vigor el 1 de julio con un presupuesto de 30 millones de euros. La prioridad de este nuevo plan es dar trabajo al menos a una persona en las familias con todos sus miembros en paro. En Canarias hay unos 26.000 hogares que no disponen de ningún tipo de ingresos, por lo que serán los principales beneficiarios de esta nueva iniciativa. Según los datos de la EPA, 118.000 familias en las Islas tienen a todos sus miembros sin trabajo.
El plan de empleo social forma parte del conjunto de acciones incluidas en el marco de la Estrategia contra la Pobreza, presentado ayer en el Consejo de Gobierno por la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas. En esta medida el Ejecutivo aportará alrededor de un tercio de los fondos del plan, lo que supone que los ayuntamientos pondrán unos 20 millones de euros, mientras la Comunidad Autónoma aportará los 10 millones restantes.
La presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Fecam, Elena Luis, confirmó que la gran mayoría de los ayuntamientos, unos 85, ya han comunicado que se suman al plan pese a los reparos iniciales debido a la complicada situación económica de las arcas municipales. "Tratamos de favorecer a las familias que no tienen recursos o las que están pasando por una grave situación, a través de la valoración que realicen los servicios sociales municipales y la prioridad es contratar a una persona por familia", señaló Luis, alcaldesa de La Guancha.
Los municipios se han visto en la tesitura de buscar fondos a estas alturas del año para dotar el plan. Según la vicepresidenta de la Fecam las corporaciones están solventando "dificultades legales" para poder ofrecer un contrato de seis meses a estas familias con el fin de paliar situaciones de necesidad urgente.
Tras el Consejo de Gobierno, la titular de Políticas Sociales, Inés Rojas, anunció que en dos o tres semanas estará concluida la redacción del plan estratégico contra la pobreza en la que, además del empleo social, también se incluye la ampliación de la prestación canaria de inserción, la atención a la infancia, el fomento de los alquileres sociales y al reactivación de la economía. La estrategia la diseña un equipo de trabajo formado por cabildos, ayuntamientos, agentes sociales y colegios profesionales junto al Ejecutivo regional. Esta nueva planificación para hacer frente a la crisis social no está aún cuantificada, advirtió Rojas, aunque supondrá modificaciones presupuestarias al ampliarse los beneficiarios.
