Los supuestos sobornos en el Ayuntamiento de Telde no parecen una "historieta" inventada por José Francisco Benítez Cambreleng, exgerente de Gestión de Cooperativas Europa (GCE) e imputado en la trama de corrupción que se juzga desde el 17 de enero en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) halló facturas, informes y correos electrónicos en los registros efectuados a las sedes de la empresa que comprometen a los siete acusados, entre ellos el diputado regional del Partido Popular Jorge Rodríguez, el empresario José Manuel Antón Marín y tres técnicos municipales.

Así lo reveló ayer un agente de la Brigada de Información en Las Palmas que intervino en toda la investigación, desde las reuniones previas en casa del denunciante hasta las posteriores actuaciones para buscar pruebas que sostengan la acusación. "Corroboramos las afirmaciones de Cambreleng con los documentos encontrados en los registros", respondió el funcionario policial al fiscal Luis del Río, que lo sometió a un exhaustivo interrogatorio de varias horas para acreditar que lo relatado por el coimputado está reflejado en la documentación intervenida.

En las sesiones anteriores, Antón acusó a su exgerente de "fabricar" las pruebas para echarle la culpa de todo y quedarse con 240.000 euros, cantidad que se corresponde con las supuestas comisiones pagadas entre 2003 y 2006 para construir 2.000 viviendas sociales en seis años. Luego Jorge Rodríguez cogió el testigo y descalificó a la policía por implicarlo en la trama mediante la elaboración de "informes tendenciosos".

Pero los datos aportados ayer por el agente ponen en tela de juicio ambas versiones. En concreto, destacó un correo que Antón le envió a Rodríguez el 7 de noviembre de 2005, cuando era el presidente de los populares en Gran Canaria y portavoz de su partido en el Parlamento regional. En esa comunicación le dice que se han perdido cinco millones en subvenciones durante ese año, que algo va mal y que no van a cumplir los acuerdos alcanzados, incluso advierte al diputado de que "necesita una fórmula discreta" para cancelar los acuerdos y evitar el "descalabro". Después detienen a la concejal María Antonia Torres, ya fallecida, y Antón recurre al alcalde, Francisco Valido, para tratar de desbloquear sus proyectos. A la reunión asiste Rodríguez, pero el regidor no accede a las peticiones de Grupo Europa. "El alcalde ha perdido los papeles", comenta el empresario en otro correo intervenido por la policía en los registros, en ese caso dirigido a Cambreleng.

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