La Agencia Tributaria Canaria será una realidad este año aunque con cierto retraso con respecto al calendario inicial. El nuevo organismo, que dotará de mayor autonomía a la gestión de los impuestos que recauda la Comunidad Autónoma y a la lucha contra el fraude fiscal, estará formada por entre 700 y 800 empleados públicos procedentes de la Dirección General de Tributos, más los que se han ido incorporando en el último año. Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda prevé asignar más efectivos al nuevo ente procedentes de otros departamentos.
El Consejo de Gobierno acordó ayer remitir al Consejo Consultivo el anteproyecto de ley por el que se crea la Agencia Tributaria, paso previó a su aprobación como proyecto de ley y ser enviado al Parlamento para su tramitación.
La actuación del nuevo organismo se adecuará a un contrato de gestión que tendrá una vigencia inicial de cuatro años, en el que se regularán, entre otras cuestiones, los objetivos a conseguir, los resultados a obtener y los planes necesarios para alcanzarlos. El plan de acción anual deberá aprobarse antes del 1 de febrero de cada año.
La creación de la Agencia Tributaria Canaria figura en el programa de gobierno del pacto CC-PSC con el se inició la legislatura en 2011. Sin embargo no fue hasta finales de 2012 cuando comenzó a tomar fuerza el proyecto tras la decisión de Economía y Hacienda de suprimir la encomienda de gestión de dos tributos a las oficinas liquidadoras comarcales, hasta entonces a cargo de los registradores de la propiedad. A partir del 1 de enero del 2013 la Dirección General de Tributos tomaba el mando en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La orden fue recurrida a la Justicia por los afectados.
Esta situación provocó un cierto desbarajuste inicial debido al importante trabajo y acumulación de pagos pendientes que se heredaron. Por ello se reubicaron efectivos, se convocaron concursos de traslados internos y se pagaron horas extras.
Además de desarrollar la gestión, recaudación, liquidación, inspección y potestad sancionadora de los impuestos propios, los cedidos y derivados del REF, la Agencia Tributaria también tendrá entre sus prioridades la lucha contra el fraude fiscal y una mayor coordinación con la Agencia Tributaria del Estado.
En el consejo de dirección de la Agencia Tributaria también participarán los cabildos y los ayuntamientos a través de representantes designados por la Fecai y la Fecam, implicándose en la gestión de aquellos tributos de los que son cotitulares, es decir, los derivados del Régimen Económico y Fiscal.
