02 de marzo de 2015
02.03.2015

Saavedra constata la mejora en la gestión de la dependencia

A pesar de que, según sus datos, se mantiene la insuficiencia en el presupuesto, carencia que es extensible a la Prestación Canaria de Inserción

02.03.2015 | 13:56

El diputado del Común, Jerónimo Saavedra, afirmó este lunes que la gestión de la Ley de Dependencia en Canarias ha mejorado en el último año, a pesar de que se mantiene la insuficiencia en el presupuesto, carencia que es extensible a la Prestación Canaria de Inserción.

Saavedra, que presentó al presidente del Parlamento, Antonio Castro, el informe anual del Diputado del Común correspondiente a 2014, destacó que las críticas en años anteriores a la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias no se referían sólo a la escasez de fondos, sino también a la mala gestión, que situaba a la Comunidad Autónoma como la peor de España.

En declaraciones a la prensa, el diputado del Común subrayó que esa gestión ha cambiado para mejor en 2014, con un relevo en los jefes de servicio y la colocación de "una persona competente" que ha desatascado los casos.

"Canarias estaba casi fuera del sistema nacional de dependencia, se habían perdido tres millones de euros de financiación del Estado" por no tramitar los casos de dependientes, recordó Saavedra.

Indicó que ese dinero se perdía porque el Gobierno de Canarias no comunicaba como dependientes al Estado a los mayores en residencias de titularidad insular o municipal, con lo que el Gobierno central no daba "ni un euro" por ellos.

Esa situación ha cambiado y en el último informe del Imserso ha aumentado en 9.000 el número de beneficiarios contabilizados en Canarias, lo que no quiere decir que haya 9.000 dependientes más atendidos, sino que Canarias va a recibir dinero del Estado por su atención, subrayó.

Ese problema de gestión está resuelto, pero se mantiene el problema de los recursos presupuestarios, el cual "si no lo resuelve Madrid tendrá que resolverlo el próximo Parlamento de Canarias porque es prioritario", enfatizó.

Jerónimo Saavedra denunció el mismo problema presupuestario en cuanto a la Prestación Canaria de Inserción, cuyos fondos se agotan en el mes de julio, con lo que no se cubren las nuevas solicitudes o las prórrogas a final de año.

De hecho, el informe del Diputado del Común de 2014 recoge más quejas en el área de asuntos sociales que en ninguna otra, un total de 319, según detalló Jerónimo Saavedra.

En conjunto, en 2014 las quejas al Diputado del Común fueron 1.648, frente a las 1.604 de 2013, la mayoría en asuntos sociales, seguida de economía y hacienda, política territorial y urbanismo, justicia, trabajo y función pública y vivienda.

Gracias a las quejas al Diputado del Común, los ciudadanos han recuperado 132.000 euros en devoluciones de multas o impuestos mal cobrados.

Saavedra señaló que la tramitación de quejas es solamente una parte de las actuaciones del Diputado del Común, que también aconseja, asesora y contesta a consultas de los ciudadanos.

En 2014 se realizaron 19.373 actuaciones, dos mil más que en el año anterior.

Jerónimo saavedra indicó que la lentitud de las administraciones públicas sigue siendo considerable, si bien ha descendido el número de ayuntamientos declarados obstruccionistas, de manera que en 2014 solamente el de La Oliva recibió esa declaración del Diputado del Común por no ejecutar una sentencia judicial relacionada con la convocatoria de una oposición de bomberos anulada por irregularidades.

Además, el Diputado del Común ha remitido a la fiscalía la actuación del Ayuntamiento de Tuineje por no derribar una obbra ilegal.

De las quejas tramitadas, el 46 por ciento iban contra la administración autonómica, el 37 por ciento contra los ayuntamientos y el 6 por ciento fueron remitidas al Defensor del Pueblo para su tramitación.

Las quejas vivas por resolver a 31 de diciembre de 2014 formuladas en años anteriores eran 242, frente a las 359 de un año antes, y tres de ellas datan de 2009, relativas al área de política territorial.

En cuanto al resultado de las quejas, en el 77 por ciento de los casos se resolvieron a favor de los ciudadanos y en el 23 por ciento tenían razón las administraciones, a juicio del Diputado del Común.

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