El Gobierno de Canarias quiere introducir en los pliegos de contratación "cláusulas sociales". Bajo este nombre, acuñado ayer por el comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, aparece la entrada de la calidad del empleo como uno más de los factores a evaluar en los concursos públicos. Tanto el comisionado como el presidente regional de Cruz Roja, Gerardo Mesa, coincidieron ayer en afirmar que existen ciudadanos con empleo que tienen que pedir auxilio a las organizaciones no gubernamentales porque el dinero que cobran no es suficiente para garantizar su subsistencia y la de sus familias.

A pesar de que "los datos macroeconómicos parecen indicar que hay algunos valores que hacen mejorar la economía" y hasta "se habla ya de la mejora del empleo en los últimos meses y es verdad que se ha reducido el paro", lo cierto es que "hay que mirar la calidad del empleo", destacó Hernández. Afirmaciones que también hizo suyas Mesa, quien advirtió de que a pesar de que hay más ciudadanos con empleo, "los trabajos son precarios, los sueldos son muy bajos y toda esa gente que consigue un empleo" no puede dejar de acudir a Cruz Roja "a pedir ayuda, porque con lo que ganan no les da para vivir".

Sin embargo, la inclusión de la calidad del empleo como parámetro evaluable fue calificada por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, como una medida "populista" que solo añadirá dificultades a las licitaciones y restará "competitividad".

Por ello, el representante empresarial recomendó al comisionado "buscar nuevo tejido empresarial y actividad económica" como fórmula ideal para evitar que haya canarios "sin ingresos".

Néstor Hernández incidió en la "elevada inestabilidad laboral" que padecen muchos ciudadanos, de forma especial los que tienen entre 25 y 40 años, "precisamente el grupo que puede generar mayor productividad económica". Por ello, anunció que se desarrollarán políticas "dirigidas a potenciar la generación de empleo de este sector de población".

Además, Néstor Hernández instó a prestar mayor atención al segmento de la sociedad conformado por "lo que algunos economistas desde hace algunos años llaman el precariado". Un término que, explicó, define a "ese grupo de personas con alto nivel de formación que están entre los 25 y los 40 años y a los que el sistema ha condenado a inestabilidad laboral, incertidumbre permanente y, además, con sueldos bajos, lo que les impide desarrollar un proyecto de vida".

Para el comisionado, esas son unas personas que padecen "precariedad en un doble sentido, por la temporalidad y por la precariedad de las condiciones económicas", y no son tenidas en cuenta porque sus necesidades pasan desapercibidas al figurar en las estadísticas simplemente como trabajadores en activo, sin analizar si ello les permite o no cubrir realmente sus necesidades.

Frente a esa situación, apostó por "poner nombre y rostro" a ese grupo de población, porque, según argumentó, "es el mejor cualificado, el que puede generar opinión, el que puede generar condiciones de progreso y, sin embargo, es el maltratado" por la sociedad actual. A eso añadió que en Canarias "hay más de 92.000 personas que no cuentan con ningún tipo de prestación", situación que debe ser abordada "desde la Administración pública", aseguró el comisionado, que quiere tener disponible el conjunto de medidas para crear empleo antes de final de año.