Las discrepancias entre la juez Victoria Rosell y la fiscal Eva Ríos sobre la instrucción del presunto fraude a Hacienda de Seguridad Integral Canaria alcanza a la declaración como testigos de los empleados de la empresa canaria que fueron citados por la Agencia Tributaria al realizar su inspección. La Fiscalía de Delitos Económicos ha solicitado la comparecencia de los 193 afectados, pero la juez instructora se opone al considerar innecesario la convocatoria de tanta gente y ha emplazado a las partes a que hagan una selección de los testigos.
La Fiscalía no está conforme porque esa limitación podría condicionar la prueba a practicar, incluso podría afectar al derecho de defensa si sólo se eligen testigos que declaren en contra del imputado. No lo ve así la titular del Juzgado de Instrucción número 8, Victoria Rosell, que baraja interrogar a 20 testigos al entender suficientemente representativa esa selección. Dicha prueba testifical, previsiblemente, se celebrará en el mes de noviembre.
El procedimiento también está pendiente de otra diligencia de investigación importante: la citación de los peritos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para que se ratifiquen o no en las conclusiones sobre el supuesto fraude detectado en la tributación y las cotizaciones de la empresa. Esa prueba es importante porque el abogado defensor, José Antonio Choclán, podrá someter a contradicción esos informes.
Además, la defensa de Miguel Ángel Ramírez, que niega el pago fraudulento de horas extraordinarias, comunicó en su momento al juzgado que aportará una pericial propia para acreditar la inexistencia de tal fraude al erario público, así como documentación que demostrará la prestación y el pago real de las dietas cuestionadas por Hacienda.
El empresario, que declaró como imputado en abril del año pasado, atribuyó la querella presentada contra él a maniobras de la competencia en el sector de la seguridad privada. Los hechos fueron denunciados por el sindicato USO, aunque finalmente los asumió la Fiscalía al contrastarlos con la Agencia Tributaria. También está personado el sindicato y la Abogacía del Estado, entre otros.
