Aunque fueran expulsados y pasaran al grupo de los no adscritos, Juan Manuel Brito y María Nebot seguirían cobrando el sueldo si Antonio Morales los mantiene en sus consejerías delegadas, aunque la ley de cabildos, aprobada a finales de la anterior legislatura, indique en su artículo 88 que los consejeros insulares que sean expulsados o abandonen la formación por la que concurrieron a las elecciones no recibirán remuneración, al no tener reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial por un grupo político. La interpretación que se hace desde la Presidencia del Cabildo insular para que ambos consejeros cobren, aunque sean expulsados de Podemos, es que fueron nombrados en las áreas delegadas por el presidente antes de que se produjeran las fricciones con sus compañeros de formación. Si llegan a pasar al grupo de los no adscritos previamente, entonces sí que no podrían haber sido designados consejeros delegados de Medio Ambiente y de Igualdad y no recibirían sueldo.
Por tanto, según fuentes del área de Presidencia del Cabildo, ambos consejeros mantendrían sus salarios aunque fueran no adscritos. Ésta es una lectura, pero uno de los redactores de las leyes de municipios y de cabildos, el socialista Francisco Hernández Spínola cuando era consejero de la Presidencia en la anterior de la legislatura, entiende que las normas impiden a ediles y consejeros no adscritos que perciban remuneraciones.
El artículo en sí expone que sólo podrán cobrar dietas por asistir a plenos o comisiones, pero al ser considerados "no adscritos no podrán tener dedicación exclusiva o parcial en el cabildo insular ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes del cabildo insular". Lo mismo en los ayuntamientos.
Ambas leyes introdujeron una serie de disposiciones para poner coto al transfuguismo, de tal forma que se penaliza a los cargos electos dejándolos sin sueldo si abandonan o son expulsados de la formación por la que fueron elegidos y mantienen el acta. La redacción es enrevesada y puede dar lugar a estas interpretaciones. Coalición Canaria y el PSOE usaron las normas para frenar alianzas con otras formaciones en su pacto regional en cascada, alertando que los expulsados se quedarían sin cobrar.
