La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció ayer en una comisión parlamentaria que "se va a acabar con los sorteos para adjudicar viviendas públicas" porque, dijo, "las personas que tienen derecho a una vivienda no pueden someterse a la suerte de que les toque un número u otro en un sorteo". En este sentido, señaló que se establecerá un proceso de puntuación con criterios de urgencia y otros parámetros de valoración con los especialistas.
Hernández realizó esta declaración en el transcurso de una comparecencia, a petición propia, en la comisión parlamentaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para exponer las estrategias generales de actuación del departamento que dirige. Volvió a reclamar del Estado la recuperación del Plan Integral de Empleo (PIEC).
La vicepresidenta apuntó que se va a realizar un "censo de viviendas vacías" para lo cual, explicó, "se va a sacar a personas en situación de desempleo" para elaborar dicho registro. En este sentido, señaló que el "excedente de viviendas" se utilizará como "hogares de transición" para personas desahuciadas o que estén pendientes de lanzamiento y aclaró que en estos casos "no pueden apuntarse a las listas para solicitar una vivienda pública porque ya la tienen aunque vayan a ser lanzadas y por ello es necesario contar con inmuebles de transición".
La vicepresidenta también expuso que el Gobierno regional aprobará un crédito extraordinario de 7,5 millones de euros para abonar la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para cerca de 3.500 personas que están pendientes de cobrarla. Dicho crédito, aseguró, se basa en el cálculo de los técnicos de la Consejería, que le aseguran que es suficiente para solventar la situación hasta final de año para esas nuevas altas en la prestación y la renovación de quienes ya la cobran pero se vence su vigencia.
Psicólogos
El sentido de la PCI, es la inserción de las personas en situación de pobreza, y por ello habrá "una mayor coordinación con los colectivos de psicólogos y trabajadores sociales para "hacer una valoración ágil de la PCI" y de los beneficiarios porque, dijo "un trabajo digno es la mejor de las políticas sociales". Hernández destacó otra ley de crédito extraordinario por 1,9 millones de euros para atender a las personas dependientes, un dinero que según dijo "pondrá al día a Canarias" en atención a la Dependencia.
Por su parte, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, señaló que "lo primero que debe hacerse es evaluar el plan (PCI) del anterior Ejecutivo regional para ver en qué se ha fallado", y aseguró que es necesario aumentar el presupuesto del plan de empleo social. Además, lamentó que de los 39,9 millones de euros que se asignaron para la PCI este año, solo se destinan 9,4 millones a las necesidades sociales y el resto "a pagar a los funcionarios". "La sociedad canaria está desvertebrada", aseveró Curbelo para concluir diciendo que "los problemas no se solucionarán a corto plazo". En este sentido vio con agrado que la vicepresidenta esté preocupada por hacer un análisis en profundidad de la situación social en las Islas, porque él mismo reclamó ayer hacer un diagnóstico de la situación para dotar a la PCI de una ficha financiera acorde a las necesidades.
Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias, se refirió a que los 7,5 millones de euros extraordinarios que va a destinar el Gobierno regional a la PCI, son "insuficientes" y aseguró que "ni con el doble de ese dinero, creo que se pueda atender a las renovaciones e incorporaciones al sistema". Asimismo, preguntó por los "datos trucados" de la Dependencia y que, dijo, "en realidad reciben atención de otras instituciones".
La diputada de Podemos, María del Río Sánchez, centró su intervención en la pobreza infantil con consideraciones específicas en las familias monoparentales en dificultades, y exigió que en los presupuestos se aborden los problemas desde la perspectiva de género. Para ella, hay un dato que habla por sí solo y que pasa desapercibido para sus señorías y es que, apuntó, "en Canarias hay 6.000 niños en desamparo", por lo que reclamó que se mejore la gestión para dar una atención adecuada y demandó más actuaciones para las mujeres mayores que no han cotizado y están en dificultades.
La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo se mostró "profundamente decepcionada" con la intervención de la vicepresidenta, a quien le espetó que "su departamento es un desastre" porque llegó a una consejería cuyos presupuestos "solo llegaban hasta el mes de abril pasado" para la PCI. Centró su discurso en que "Canarias es la Comunidad Autónoma en la que más ha aumentado la desigualdad social".
Empleos dignos
La diputada socialista Teresa Cruz denunció la inestable financiación de las políticas sociales, así como que desde 2012 el Estado ha reducido de forma considerable la financiación a las comunidades. La diputada del grupo nacionalista Elena Luis consideró que "en el colectivo de personas en exclusión social debe incluirse también a quienes tienen salarios muy bajos".
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, aplaudió que se blinden los fondos de empleo por la negociación de la ley del REF, pero reclamó "empleos dignos" y demandó que la Comunidad Autónoma tenga más competencias en materia de empleo. El diputado del Grupo Popular Guillermo Díaz mostró su discrepancia con la consejera por echarle la culpa al Gobierno central de los males que padece Canarias en empleo y auguró que "Canarias tendrá un trato singular en la próxima legislatura".
