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El reparto del plan de carreteras eleva la tensión entre Tenerife y Gran Canaria

Carlos Alonso tacha de "cínicos" a los políticos grancanarios por las críticas a su puenteo a Obras Públicas

La consejera Ornella Chacón, cuarta por la izquierda, en la visita a uno de los tramos en obras del eje Norte-Sur de Fuerteventura, ayer. LP / DLP

El puenteo del Cabildo de Tenerife a la Consejería de Obras Públicas para garantizarse fondos extra para el cierre del anillo insular sube de tono. Mientras políticos grancanarios consideran que el presidente de la corporación tinerfeña, Carlos Alonso, "ha sido desleal con el Archipiélago", éste los tacha de "cínicos". Para rizar el rizo, en respuesta a la afrenta, ayer exigió a Gobierno regional la devolución de los cuatro millones de euros adelantados para la culminación un tramo de la vía de circunvala la isla -entre Vera de Erques y Santiago del Teide- y culpó a la Consejería de Obras Públicas (en manos antes de CC y ahora del PSOE) de los retrasos que ha acumulado la obra. "Ha incumplido sus obligaciones" con el Cabildo, dijo. En un aviso a navegantes aseguró que tendrá "muchas cosas que hablar con el presidente", cuando el próximo 7 de octubre realice la visita institucional prevista a la sede del gobierno insular.

No será el único con el que el Fernando Clavijo tenga conversaciones pendientes. La corporación que preside Antonio Morales pondrá hoy en marcha una comisión para estudiar los posibles desequilibrios que afectan a Gran Canaria.

Para Morales "que cada uno vayamos [a Madrid] de manera individual a salvar nuestros muebles, obviando la necesaria coordinación de Canarias para contemplar las realidades de las Islas, no parece lo más adecuado". Más aún, señala, cuando muchas de las carreteras incluidas en el convenio firmado en 2006 entre el Gobierno central y el canario y ampliado tres años después, están paralizadas o ralentizadas por los "brutales" recortes aplicados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en los presupuestos generales del Estado.

El objetivo de ese convenio era compensar a Canarias por el déficit de inversiones en infraestructuras viarias desde que se traspasaron las competencias a las comunidades autónomas en los gobiernos de Felipe González. En el anexo I del acuerdo se introdujeron las obras ya iniciadas cuando los representantes de ambas administraciones estamparon sus firmas; en el anexo II aparecen vías prioritarias consensuadas por los siete cabildos y que son las que están ahora en ejecución y afectadas por la falta de ingresos; en el anexo III están las llamadas obras a futuro y que aunque muchas son continuación de proyectos de la lista anterior carecen de presupuesto, por lo que se deberá negociar en un nuevo acuerdo. Entre esas está el cierre del anillo insular de Tenerife -el tramo entre El Tanque y Santiago del Teide-.

En los presupuestos generales del Estado para el próximo año aparecen para el convenio de carreteras un total de 94 millones de euros con dos partidas nominadas: 26,7 millones para la carretera de La Aldea -entre El Risco y La Aldea- y los 15,5 millones negociados por Alonso. La diferencia entre una y otra vía es que mientras la grancanaria sí aparece en las obras planificadas en el anexo II, se ha retrasado durante años y cuenta a su favor con una declaración institucional de la Cámara regional instando a su impulso por suponer un peligro real para los usuarios, el dinero para la tinerfeña es para comenzar las expropiaciones de la fincas afectadas por su trazado. El proyecto total es de 300 millones que Alonso pretende prefinanciar con el Ministerio de Hacienda.

Sacar esos 15,5 millones de la bolsa común -se quedaría en 52 millones- supondría poner en peligro otras consideradas estratégicas en otras islas. Sólo la culminación del eje Norte-Sur de Fuerteventura necesita de 26 millones.

Precisamente durante una visita a esas obras Chacón insistió ayer en que la posición del Gobierno de Canarias es unánime: cualquier "gestión conjunta" que se realice con el Gobierno de España sobre el convenio de carreteras "debe sumar millones, no restarlos". La prioridad absoluta compartida con los cabildos, subraya, es la de invertir todo el presupuesto disponible en terminar las obras ya iniciadas. Y recordó que el sobrecoste derivado de ralentizarlas, cuando no pararlas, por la actualización de precios a las constructoras, "supone a día de hoy un problema de financiación".

De hecho, para evitar acumular más deuda la consejera anunció ayer que a partir de ahora cada tramo de carretera que se termine se pondrá en servicio sin esperar a terminar el total de cada proyecto ni a inauguraciones oficiales.

Para Carlos Alonso las "suspicacias" en Gran Canaria a raíz de su reunión en Fomento "son bastante cínicas" y recordó que el alcalde de La Aldea se reunió con la ministra Ana Pastor para buscar dinero para una carretera. "Siempre ha habido y habrá reuniones del Cabildo en Madrid, o donde sea, para conseguir fondos", como hacen el resto de cabildos y ayuntamientos.

Alonso asegura que no hay diferencias entre los dos casos y critica que se monten "muchos espectáculos sobre el pleito insular, sobre todo en aquella zona de allá".

De la parte de acá el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, condenó ayer la "connivencia" que percibe en los miembros de Coalición Canaria (CC) en el Gobierno autonómico con su partido en Tenerife "a costa de los intereses del resto de las islas del archipiélago". En un comunicado, Rodríguez califica de "intolerable" que el jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, "amparen", en sendas intervenciones públicas, la ruptura de la unidad de Canarias frente al Estado en materia de carreteras por parte del presidente del Cabildo de Tenerife (CC) y que con ello desautoricen a la consejera de Obras Públicas, del PSOE.

Alonso, según el líder de NC, "no se ha reunido" con el Ministerio de Fomento para reclamar "más financiación para el convenio de carreteras en vigor", sino para "cerrar un uno nuevo y exclusivo" para Tenerife, al margen del resto de las Islas. Todo ello, agrega Rodríguez, sin el Cabildo tenga competencias y comprometiendo la financiación de las obras que están en marcha.

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