El malestar y la irritación se manifestaban ayer de forma palpable en el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, por la desconfianza sembrada en sectores de Coalición Canaria sobre el compromiso del Gobierno central para suprimir la compensación del Impuesto de sobre el Tráfico de Empresas (ITE) a partir del próximo año, lo que supondrá un ingreso complementario para la comunidad autónoma de 160 millones al año. Montoro se mostró "asombrado" por la intervención de la senadora María del Mar Julios en el debate del miércoles en el Senado durante la defensa del veto nacionalista a los presupuestos estatales de 2016, en la que ponía en duda la "credibilidad de las promesas de última hora", y apeló a la confianza expresada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en relación con ese acuerdo para garantizar al conjunto de la formación nacionalista el cumplimiento de este compromiso.

Montoro aseguró en este sentido que técnicos del Ministerio y de la Consejería de Hacienda están trabajando para concretar cómo eliminar esa compensación por el ITE, y la forma en cómo el gobierno regional podrá hacer uso de esos fondos adicionales. También garantizó que la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado se celebrará a finales de octubre o primeros de noviembre, "no más tarde", para certificar el acuerdo, y ello independientemente del calendario electoral que se avecina. Recordó así que el Gobierno central no entra en funciones hasta celebradas las elecciones y que será por tanto un equipo ministerial plenamente activo el que cerrará el acuerdo con el Gobierno de Canarias. Los acuerdos de la comisión tienen carácter ejecutivo y obligan a las administraciones que los firman. Es decir, que obligarán al gobierno central que salga del próximo proceso electoral.

Carácter ejecutivo

Montoro enfatizó que el acuerdo sobre el ITE es un compromiso del propio presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, adquirido en la reunión que mantuvo con Clavijo el pasado 2 de septiembre, y expresó su convicción de que ni el mandatario canario ni su gobierno dudan sobre el cumplimiento del mismo. "Es un acuerdo serio", afirmó. Por ello, tachó de "muy desafortunada" la intervención desconfiada de Julios en el Senado y añadió que "no tiene derecho, por desconocimiento, a poner en cuestión un pacto que está ya muy avanzado" entre ambos ejecutivos.

"Afortunadamente ahora hay otro gobierno en Canarias, con otra clase de políticos con los que se está abriendo una etapa de colaboración que es muy buena para las Islas", afirmó el ministro, sugiriendo así que hay sectores de CC que no están en sintonía con el Ejecutivo regional y mantienen aún una estrategia de confrontación.

Cabe recordar que el acuerdo sobre el ITE no tiene reflejo en la ley de presupuestos que tramitan las Cortes, que contempla una compensación canaria al Estado de 193 millones por la desaparición de ese tributo estatal en 1993 al ser integrado en el IGIC. Tras el acuerdo para su supresión, el Estado no descontará a Canarias en torno a 160 millones (los otros 33 millones se mantiene por tratarse de una deuda de años anteriores) de los fondos que le corresponden al Archipiélago en concepto de financiación autonómica. Una de las incógnitas que deben despejar es el uso que Canarias podrá hacer de ese dinero sin vulnerar la ley de Estabilidad financiera y sin elevar el techo de gasto autorizado. En teoría, la norma obligaría a destinar cualquier ingreso extra a pagar deuda, pero el Ejecutivo regional quiere poder destinarlo a prestaciones básicas, empleo o inversión. Se baraja como solución la firma de un convenio que otorgue a esos fondos carácter finalista que no compute para la regla de gasto.