El Gobierno de Canarias pagó 60 millones de euros en 2014 en sobrecostes de los precios de las obras en marcha del convenio de carreteras, cuya ejecución se ralentizó o paralizó por los recortes del Estado. La Consejería de Obras Públicas, que está haciendo números vía por vía para conocer qué es lo que ha abonado de más el Ejecutivo regional por la ralentización de las obras, estima que, de seguir los recortes estatales, la cuantía de las actuaciones en curso sufrirá un aumento de 48,5 millones de euros entre 2015 y 2019, por la revisión de precios al no cumplirse el plazo de finalización con el que fueron licitadas.
Este es uno de los argumentos que esgrimirá la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, en el Consejo de Gobierno de hoy para justificar su defensa a que antes de empezar obras nuevas se tienen que terminar las que están en marcha porque, si no es así, la demora anual produce sobrecostes millonarios, por lo que es un contrasentido gastar el dinero en algo que no ha empezado y pagar de más por obras en ejecución.
Con los datos en la mano, la consejera defiende que los 15 millones conseguidos por el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, para el anillo insular de Tenerife se destinen a terminar las vías del convenio en marcha en las Islas - una quincena- y no para empezar el tramo nuevo que pretende el regidor insular entre El Tanque y Santiago del Teide. Según Alonso, que cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, esos recursos se han de utilizar para las obras nuevas para cerrar el anillo, y no afectan a la bolsa común del convenio de carreteras porque no contaban con ellos.
La Aldea
La consejera, por contra, indica que en la reunión que tuvo con la ministra de Fomento, Ana Pastor, le pidió 120 millones para todas las vías en marcha y ha consignado en los presupuestos del próximo año 94 millones, con dos partidas nominadas: 26,7 millones para La Aldea y 15 millones para el anillo insular. La obra de La Aldea está en el anexo II, que son actuaciones que ya están realizándose, y en este caso cuenta además con una declaración unánime del Parlamento canario para que se finalice por la peligrosidad para los usuarios.
El tramo del anillo insular que pretende Alonso está en el anexo III, que son obras a futuro, y no se ha licitado aún, por lo que la consejera defiende que esos de 15 millones se empleen en infraestructuras pendientes en marcha, entre ellas del propio anillo insular, porque si no se producirán los sobrecostes de precios que quiere evitar.
Esta interpretación del uso de los fondos del anillo insular ha creado una brecha en el seno del Gobierno, pues el propio Clavijo apoya que se empiece la obra nueva. Hoy, por tanto se prevé una reunión tensa donde la consejera, además, debe salir con una posición clara y unánime del Gobierno canario, pues el jueves se celebra la comisión bilateral Canarias- Estado en Madrid, en la que Chacón ha de establecer el reparto de los fondos del convenio de carreteras. Asimismo, en este encuentro la consejera quiere llevar los sobrecostes derivados de los recortes anuales del convenio -que suman 755 millones de euros desde 2012-y que han provocado que las obras vayan más despacio lo que aumenta el precio inicial que se previó.
Chacón reclama que el Estado sufrague esos sobrecostes, que se dan por las revisiones de precios - subida el IPC o el coste de los materiales- por un lado, y, por otro, se producen por las reclamaciones, como, por ejemplo, los gastos fijos que tiene una empresa y se les incrementan con el paso del tiempo. En 2014, en concepto de revisión de precios, el Gobierno pagó 60 millones de euros de obras entre 2007 y 2011, algunas de las cuales, siguen sin terminarse. La consejería de Obras Públicas calcula que si no se consiguen más ingresos y el ritmo de ejecución de las obras sigue como en la actualidad las revisiones de precio alcanzarán unos 48,5 millones entre 2015 y 2019.
Revisión de precios
En concreto, y con datos estimativos, para 2015 se prevé 13 millones de euros de más en concepto de revisiones de precios. En 2016 calculan unos 14 millones; en 2017, el incremento sería de 7,5 millones; en 2018, unos ocho millones y en 2019, en torno a seis millones de euros. Por tanto, si no entran más ingresos por parte del Estado en los presupuestos del convenio, algunas de las obras que debían finalizar en 2017 se tendrán que prolongar hasta el 2019 con la consecuente subida de precios.
En cuanto a las reclamaciones de las empresas, por un aumento de los gastos fijos que consignaron inicialmente, como puede ser el pago de la seguridad de las obras, la Consejería sigue analizando los datos, pero tienen ya una reclamación de 15 millones de euros en una sola obra, la de Pagador-Guía. Es una reclamación que no está ni aceptada ni tramitada, pero la empresa la ha anunciado. Este dato da a entender que los sobrecostes en reclamaciones pendientes pueden ser de muchos millones.
Obras Públicas entiende que solo con los datos de la revisión de precios de 2014, los 60 millones que se abonaron, se ha pagado más de lo que el Estado ha aportado en la anualidad del convenio de este año, cifrada en 54 millones, o incluso se ha gastado el dinero que podría haber sufragado una obra nueva completa.
