El desafío independentista en Cataluña ha sacado a la palestra el artículo 155 de la Constitución, que recoge la competencia del Gobierno central para exigir el cumplimiento forzoso de la ley en el caso de que alguna comunidad autónoma no cumpla con las obligaciones que la Carta Magna "u otras leyes le impongan" o si actúa de forma que "atenta gravemente al interés general de España". Nunca se ha aplicado este precepto, que requiere la aprobación por mayoría absoluta del Senado, pero la primera amenaza del Estado para suspender una autonomía fue a Canarias en febrero de 1989, con Lorenzo Olarte como presidente y en relación al desarme arancelario de las Islas.
Precisamente Olarte colaboró en la redacción del texto constitucional y recuerda que ese artículo se creó "para el supuesto de que alguna comunidad autónoma se desmadrase o su actitud tuviera una peligrosidad especial".
Como, en su opinión, sucede ahora ante el inicio del proceso de independencia en Cataluña por parte de Junts pel Sí y la CUP.
A juicio del fundador del Centro Canario Nacionalista (CCN) y actual presidente de Ciudadanos de Centro Democrático, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "está actuando como un cobarde porque desde hace dos años podía haber conminado a la Generalitat con la aplicación del artículo 155, que lo tiene en la mano y no lo aplica".
"Si Cataluña declara la independencia no cabe duda de que hay que quitarle las competencias que se le han dado. Ya Rajoy debería conminarle oficialmente por si pasa algo quitarle las competencias y que se devuelvan al Estado", insistió el expresidente canario, para quien "hay que estar preparados y advertir ya a Artur Mas". "Sobre todo porque uno de los requisitos es tener el apoyo del Senado y Rajoy debe aprovechar la mayoría absoluta que tiene ahora el PP en la Cámara Alta", apostilló.
Explicó que este escenario es bien diferente al que él vivió en primera persona hace 26 años, cuando Virgilio Zapatero, el secretario de aquel Ejecutivo, presidido por Felipe González, dirigió al Gobierno canario una certificación para reivindicar la inmediata aplicación en las Islas del desarme arancelario establecido en el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. Pese a ello, al llegar el 1 de enero de 1989 el Ejecutivo canario se negó a aplicar el desarme arancelario del 15% para las mercancías procedentes de la entonces Comunidad Económica Europea. Olarte entendía que era al Gobierno de España y no a Canarias, a quien incumbía el desarrollo normativo del Tratado. Se produjo un duro debate. El Gobierno autonómico acusaba a Madrid de eludir el pago a las corporaciones locales insulares de la compensación por la reducción de sus ingresos procedentes del arbitrio de entrada de mercancías, debido al desarme arancelario.
En discusión, la diferencia entre los 40.000 millones de pesetas que ofrecía el Estado para compensar a las corporaciones locales canarias, frente a los 70.000 que reivindicaba el Archipiélago, precisa Efe.
La Secretaría de Estado de Hacienda que dirigía Josep Borrell advirtió al Gobierno de Canarias de que el Ministerio de Economía tendría que proponer la adopción de medidas, lo que podría pasar por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En respuesta a esa advertencia, el Gobierno regional envió otro escrito al Ejecutivo central anunciando que se reservaba las acciones legales que le correspondieran ante las instancias nacionales e internacionales, en defensa del bloque constitucional del Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía.
Al final el Consejo de Ministros se limitó a aprobar otro requerimiento al Gobierno canario instándole a cumplir la ley y, unos días después, Borrell viajó a las Islas, donde se llegó a un acuerdo que desactivó todas las alarmas. "Felipe González se confundió, metió la pata. Se dieron cuenta de que yo tenía razón y les gané la partida, no me amilané ante una injusticia y al final pagaron el dinero a la comunidad autónoma", evocó Olarte, que gobernaba en aquella época por una alianza del Centro Democrático y Social, Alianza Popular, Agrupaciones Independientes de Canarias y Agrupación Herrera Independiente.
