El Estado rectifica. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas da marcha atrás y paraliza la ley que traspasa las competencias sobre servicios sociales que prestan los ayuntamientos a las comunidades autónomas a partir del 1 de enero. Tras meses de polémica y la férrea oposición de consistorios y comunidades autónomas de todo signo político, incluido del PP, el Gobierno central ha decidido mantener estas funciones en manos de los alcaldes, que veían peligrar la atención a domicilio, las guarderías y el pago de ayudas de emergencia social, entre otros servicios básicos.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro deja en suspenso la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -denominada reforma local- en materia de transferencia a los gobiernos regionales de las competencias que actualmente ejercen las entidades locales, relativas a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación. Con ello devuelve la tranquilidad a los regidores, alarmados por la pérdida de estos servicios y conscientes de que los ayuntamientos son la primera puerta de entrada de las demandas vecinales.
Hacienda comunicó ayer su decisión al Gobierno de Canarias, que mantendrá en suspenso en tanto de redefina un nuevo marco financiero para las corporaciones locales. La vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, celebró que el Estado rectifique su posición. No obstante, insistió en que Canarias es una comunidad "infrafinanciada", pues en los últimos años la aportación estatal a los servicios sociales se ha reducido "en torno a un 60%".
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, envió también una carta al alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, para zanjar la confusión y la incertidumbre de los alcaldes, así como de los interventores y secretarios municipales, precisamente en estas fechas de elaboración de los presupuestos locales para 2016.
En su misiva Beteta aclara que la cesión de competencias no se producirá, precisamente, mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales. Por tanto, Hacienda aclara que dichas actuaciones estarán supeditadas a un proceso de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo reparto de fondos de los servicios públicos, que deberá aprobar el próximo Gobierno que resulte elegido en la cita con las urnas el 20 de diciembre.
Por tanto, los servicios deberán continuar siendo prestados por los ayuntamientos. El Ministerio apunta que clarificó esta situación en una nota explicativa el 17 de septiembre, pero eso no evitó que la discusión continuase.
El presidente del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Rodríguez, indicó que a través de esta nota la norma estatal "se encuentra sujeta a la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación". Añadió que no hay dudas respecto a la continuidad en la prestación de los servicios, algo que la Ley de Racionalización no cuestiona y a su vez ratifica la Ley de Municipios de Canarias y la Ley de Servicios Sociales de las Islas de 1987, pero sí respecto a su financiación.
La Federación Canaria de Municipios, por su parte, se congratuló ayer por el anuncio que frena el revuelo de los alcaldes, especialmente de los 60 municipios de menos de 20.000 habitantes, que veían retiradas sus actuaciones en servicios sociales a partir de enero, al igual que se limitaban bastante las de aquellos municipios de más de 20.000 residentes.
