El Gobierno regional ha realizado el pago de las 6.412 nóminas de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) que quedaban pendientes de cobro en 2015. Con esto, por primera vez desde que este programa de ayudas entrara en vigor en 2007, la Consejería de Políticas Sociales, que dirige la vicepresidenta Patricia Hernández, concluye un ejercicio anual sin retrasos en el acceso a esta asistencia y deja la lista de espera a cero.
Algo más de 9.500 familias del Archipiélago, sin ingresos y en riesgo de exclusión social, disponen de algún tipo de ayuda como parte de esta prestación, según datos del mes de diciembre de la Consejería, y solo una tercera parte del total de los expedientes del PCI estaban al día. La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Carmen Acosta, aseguró ayer que al asumir el cargo a mediados de julio se encontró con una lista de espera formada por cerca de 4.000 expedientes. El Ejecutivo regional facilita una nómina mensual destinada a la unidad familiar y cuya cuantía económica depende del número de personas que la componen, con un importe mínimo de 125 euros, y cuya media está entre los 400 y los 600 euros. Al ser este su único ingreso, esta asistencia supone el principal medio de supervivencia de los beneficiarios.
El Gobierno ha podido cubrir la totalidad de la demanda después de aprobarse, en el pleno del Parlamento celebrado el 9 de noviembre, una ampliación de crédito, con carácter extraordinario, sobre las cuentas autonómicas por valor de 7,5 millones de euros. Esta partida específica se ha ajustado a las necesidades del PCI por lo que ha sido invertida en su totalidad.
Este programa de ayudas a la exclusión social dispuso de una partida inicial de 28 millones de euros, recogidos en los presupuestos de 2015. Posteriormente, los fondos del PCI aumentaron en cuatro millones, después de que en el mes de abril se agotaran. Paulino Rivero, entonces presidente del Gobierno, lo anunció en el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Esta inversión extraordinaria, que salió de las arcas de la Consejería de Políticas Sociales, también resultó insuficiente por lo que en el mes de mayo empezaron los retrasos y el consiguiente aumento de la lista de espera.
Esta situación no es novedosa, ya que se ha repetido cada año desde que se puso en práctica el PCI -que sustituyó al sistema conocido como Ayudas Económicas Básicas (Aebas)- que ofrece un salario mensual para la cobertura de necesidades básicas y para la integración de colectivos en situación de exclusión social. Una parte de los beneficiarios, en el que las nuevas altas y las renovaciones han sido los más perjudicados, según Carmen Acosta, ha tenido que esperar desde mayo para recibir esta nomina mensual. Además, ante la inercia negativa, el presupuesto de un ejercicio se solía gastar en la financiación del anterior.
Esta situación se ha agravado con la recesión económica, la lista de espera ha vivido un aumento notorio a partir de 2010 y, especialmente, en 2012. Carmen Acosta explica que, al haber un aumento en el número de parados y al coincidir mucho de estos con el final de los dos años de la prestación por desempleo, muchos canarios sin ingresos se han visto en la obligación de recurrir al PCI.
Gestión al día
Desde esta Dirección General aseguran que ha sido una prioridad y un objetivo, planteado por la vicepresidenta Patricia Hernández, para dar respuesta a las cerca de 6.500 familias en la lista de espera antes del final del año. Carmen Acosta señaló ayer que, si bien no existían fondos, la gestión de los expedientes sí estaba al día y esto les ha permitido, una vez aprobado el crédito extraordinario, tramitar las ayudas pendientes en poco tiempo, poder cerrar el año sin un saldo negativo y con las familias atendidas.
Carmen Acosta no ve una mala praxis en el ejercicio del anterior equipo de Gobierno y en los responsables de Servicios Sociales. La directora entiende que el retraso acumulado se explica en la falta de recursos económicos. "Hay un número de expedientes incompletos y que no se habían dado de alta. Ahora empezaremos a cumplimentarlos, con los ayuntamientos, para que la gente pueda cobrarlos lo antes posible", expuso.
El nuevo objetivo del Gobierno canario pasa por reducir el número de personas sin ingresos y en situación precaria. Esto pasa, según apuntó Acosta, por un trabajo conjunto con la Consejería de Empleo, "mediante programas específicos para potenciar la inserción laboral, porque el fin último de esta prestación es desaparecer pero para eso hace falta muchos recursos".
