El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado abrirle un expediente disciplinario a la exmagistrada y diputada de Podemos Victoria Rosell por el contrato de 300.000 euros que su pareja firmó con la Unión Deportiva de Las Palmas para cederle al club amarillo una frecuencia de radio adjudicada por el Gobierno de Canarias.
Rosell investigaba desde 2014 al presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, por un supuesto fraude tributario en una de sus empresas (Seguridad Integral Canaria). La juez solicitó la excedencia para dedicarse a la política el 16 de octubre; se la concedieron seis días después y su compañero, el periodista Carlos Sosa, cerró el acuerdo con UD Radio el 26 del mismo mes. La fiscal Eva Ríos, que ya se había enfrentado a Rosell por el retraso injustificado de la causa a Ramírez, volvió a denunciarla en diciembre ante el CGPJ, tras interrogar a varios testigos y constatar la existencia del negocio radiofónico. Ríos entiende que su colega pudo incurrir en una falta disciplinaria grave al no apartarse de la investigación penal cuando su pareja comenzó a negociar con UD Radio. El promotor de la acción disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, rechaza ese argumento y archiva las diligencias informativas, que fueron abiertas el 8 de enero a petición de la Fiscalía.
Fonseca-Herrero, tras analizar los testimonios y las fechas del controvertido contrato, concluye que la Fiscalía "no ha aportado datos" para "sostener la existencia de interés directo en la causa penal por parte de Victoria Rosell", recoge el acuerdo de archivo, que fue hecho público ayer por el CGPJ.
"Según los testigos a los que tomó declaración la propia Fiscalía", añade el promotor de la acción disciplinaria, las negociaciones para la firma del contrato no se iniciaron hasta primeros de octubre, "sin que conste que la pareja de Rosell interviniera en ellas hasta los días 8 o 9", precisa Fonseca.
Además, continúa el promotor, "no consta que la magistrada interviniera en la instrucción de la causa" durante el "breve tiempo transcurrido" entre el inicio de las negociaciones y la fecha de la excedencia voluntaria. La Fiscalía, "más allá del hecho de la convivencia", tampoco ha aportado "indicio alguno" que "permita sospechar que Rosell "era conocedora de la actuación de su pareja", concluye Fonseca.
Esas diligencias informativas, que fueron abiertas antes de las elecciones, enfrentaron al fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, con Rosell, que recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al sentirse perjudicada en sus derechos electorales. La Sala de lo Contencioso Administrativo le dio la razón y ordenó la suspensión de las diligencias, pero a las pocos días levantó la medida porque la Fiscalía ya había remitido el expediente al CGPJ. El fondo del pleito, sin embargo, aún no está resuelto. La juez ha interpuesto una demanda por la vulneración de sus derechos fundamentales al considerar que el ministerio público carece de competencias para investigarla por motivos disciplinarios.
