Arquitectos y ecologistas temen que sin su intervención en órganos que vigilen la planificación urbanística de las Islas se facilite la arbitrariedad en la aprobación de proyectos poco respetuosos con el territorio y haya un coladero con "barra libre para todo el mundo". Profesionales y grupos medioambientalistas expresaron en general ayer su rechazo a la decisión del Gobierno regional de excluirles en la nueva Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que sólo estará integrada por representantes de la Comunidad Autónoma y prescindirá de arquitectos, ecologistas y técnicos que hasta ahora sí tenían voz en dicho organismo.
El anteproyecto de la nueva Ley del Suelo que ha diseñado el Ejecutivo autónomo elimina la participación de estos colectivos. No obstante, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, dejó ayer la puerta abierta a su continuidad en el caso de que así lo decida el Parlamento en el transcurso del debate de la reforma legal, así como del posterior reglamento que fije la composición, estructura y el régimen de funcionamiento de la nueva Cotmac.
La creación de este órgano colegiado se encargará de emitir el informe único de la Comunidad Autónoma en la tramitación de los planes generales de ordenación municipales e insulares, pero no abordará, salvo en casos excepcionales, la legalidad ni la evaluación ambiental del planeamiento, cuya responsabilidad recae en los ayuntamientos y cabildos. En este órgano ideado por el Ejecutivo únicamente intervendrán los representantes de los distintos departamentos de la administración autonómica.
Tanto arquitectos como ecologistas consultados ven imprescindible su presencia en cualquier órgano en el que se discuta sobre el territorio y sostienen que las decisiones que afectan al suelo de las Islas deben contar con criterios técnicos que garanticen el desarrollo sostenible del Archipiélago, pues "muchas veces" estas resoluciones son "irreversibles", por lo que no se deben tomar a la ligera.
"Corruptelas"
El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, considera que el hecho de que no haya una voz que defienda el medioambiente "vicia el procedimiento administrativo y genera inseguridad jurídica". "Censurar el diálogo no es bueno para ninguna de las partes", alertó el ecologista, que subrayó que se favorece la especulación y "lo más grave es que va a producir una honda fractura territorial porque habrá municipios muy ricos y otros muy pobres y habrá una guerra abierta entre municipios y entre las islas, ya que cada uno tendrá la oportunidad de hacer lo que quiera".
A juicio de Reyes, el nuevo texto legal adolece de tres déficits fundamentales: participación ciudadana; no aborda la corrupción urbanística; y el Gobierno regional "renuncia a ser moderador de las demandas urbanísticas de cada municipio e isla". Por ello instó a consensuar qué tipo de ley se persigue para que sea "capaz de evitar corruptelas y un urbanismo fallido".
A falta de estudiar con lupa la letra pequeña del anteproyecto, el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, Vicente Boissier, sí advierte de que si la nueva Cotmac va a dictar informes vinculantes sobre la planificación territorial deberían atenderse las aportaciones de los profesionales para contar con criterios técnicos suficientes. No coincide con quienes interpretan que la revisión legal supone "carta blanca y que todo el mundo haga lo que quiera", pero insiste en que los arquitectos tienen que estar presentes en los órganos en los que se "dé la última palabra" sobre la ordenación urbanística, sea en ayuntamientos o cabildos.
Compartió la necesidad de racionalizar los procesos y simplificar la maraña legal que pesa sobre el suelo isleño. Precisamente el Colegio está estudiando los matices del documento para ver si ello se cumple.
El arquitecto urbanista Faustino García Márquez, que fue redactor de las Directrices de Ordenación del Territorio de Canarias, indicó que la Cotmac va a tener "muy limitadas sus funciones", pero cree que se debe seguir contando con las aportaciones de los técnicos de instituciones profesionales "para que tengan oportunidad de dictar informes durante los procedimientos y puedan ayudar a los políticos a formar su propio criterio, ya que estos no son especialistas en esas materias y pueden derivar en algún error".
El arquitecto José Luis Gago no concibe tampoco que no se cuente con este colectivo, ya que, al excluir sus propuestas o aclaraciones, "se abre la puerta a la arbitrariedad".
Más crítico fue el arquitecto Carmelo Suárez, quien advirtió de que "quitar a los profesionales que tienen mayor grado de responsabilidad en el planeamiento supone la voluntad de tener las manos libres para actuar con total discrecionalidad en función de intereses partidarios o de determinados grupos económicos que puedan influir sobre el Gobierno y que los criterios técnicos estén ausentes en la toma de decisiones". "Se busca poder tomar decisiones sin la incomodidad de que alguien profesional las cuestione", protestó.
En cambio, el arquitecto José Antonio Sosa está a favor de que "la transferencia urbanística debe estar en la isla y no en un órgano tan lejano como la Cotmac, que es muy poco operativo y paraliza inversiones". "Lo que tenemos no funciona y a partir de esa premisa cualquier cosa que se haga puede ser mejor, siempre y cuando no se produzca sin control absoluto". Entiende que cada isla "debe gestionar su suelo sin necesidad de tutelas de nadie". Cree que existe un sistema "excesivamente tutelado" en las cuestiones urbanísticas y aboga por primar "la responsabilidad individual".
