La publicación por vez primera de los bienes patrimoniales de los altos cargos del Gobierno de Canarias no acaba con el proceso de transparencia que se han propuesto las administraciones públicas canarias. La declaración de bienes del presidente de Canarias, de todos los consejeros y altos cargos de los distintos departamentos queda aún lejos de la ofrecida en otros ámbitos como el del propio Parlamento de Canarias, o el de las cámaras legislativas estatales, donde todos sus miembros exponen con mucho más detalle sus ingresos y su patrimonio. El Gobierno regional es consciente de esa escasez en los datos y asegura trabajar ya en un reforma normativa para que en el futuro las declaraciones de bienes se ajusten en mayor medida a los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en diciembre del 2014.
Así lo resalta el director general de Modernización y Calidad de los Servicios de la consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, Alejandro Parres, quien explica que las primeras declaraciones patrimoniales de los altos cargos -publicadas el lunes en el BOC- responden a una normativa "a caballo entre un modelo anticuado", que data de 1997, "y una ley que está en tramitación", la de Estatuto de Altos Cargos y Buen Gobierno, "en la que queremos actualizar todo este régimen".
La explicación de esa laguna en la declaración de bienes de los miembros del Gobierno, donde no se detalla por ejemplo elementos esenciales como el números de propiedades inmobiliarias o su régimen de propiedad, el depósito de acciones bancarias, o el número, marca y modelo de los vehículos de que disponen (información que sí aportan los diputados regionales y nacionales y los senadores en sus respectivas declaraciones de bienes), es que se tomó como referencia el modelo que aplicó el pasado año el Gobierno central, cuando reguló el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Según los responsables de la consejería de Presidencia, Canarias mejoró ampliamente ese modelo estatal, añadiendo numerosas peticiones de información a su cadena de mandos, pero reconoce que no llega al modelo vigente en los parlamentos.
El director general explica que "se está trabajando en toda una ley nueva, que contempla la creación de una oficina de Conflictos de Intereses e Incompatibilidades, y la idea es aprovechar esto para irnos a un modelo con mayor desglose de los epígrafes respecto a las declaraciones patrimoniales y de los bienes".
La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública añadió un apartado 5 a la ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración Pública de Canarias en el que se estableció que el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales se publicarán "en una declaración comprensiva (...), omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares". Cabe señalar, por ejemplo, que frente al resumen de cifras y escueta información en la ficha de solo una página de extensión contenida en las declaraciones de los miembros del Gobierno regional, los parlamentarios del Congreso o del Senado están obligados a aportar, a lo largo de cinco páginas y de más de diez epígrafes distintos, numerosos datos sobre el volumen y las características de su patrimonio.
Así, mientras la declaración de un miembro del Ejecutivo regional resume en una sola cifra el valor total de sus bienes inmuebles, y resuelve en un sólo concepto sus posibles bienes suntuarios y vehículos o artículos de lujo de que dispone, los diputados y senadores deben concretar cada una de sus propiedades, fecha de adquisición, valor y otras características del bien que declara.
Alejandro Parres defiende que los modelos que se han puesto en marcha en otras comunidades autónomas son similares al canario, aunque reconoce que en algunas regiones ya se recoge un mayor detalle de la información. "De momento, con esta publicación hemos querido cumplir con la normativa a la espera de que se vaya tramitando el cambio legislativo y fortalecer toda la transparencia", asegura.
El Ejecutivo regional insiste en que la información difundida en el BOC responde a los criterios y objetivos planteados en la ley de Transparencia, sobre cuya aplicación y pleno desarrollo al Ejecutivo no le caben dudas.
Responsables de la consejería de Presidencia explican que las declaraciones que se presentan por parte de los altos cargos son "literales". Es decir, que son ellos mismos los que apuntan las cantidades requeridas en cada uno de los epígrafes de las fichas. Con todo, se aclara que todos los miembros del Gobierno rellenan un formulario sobre sus bienes tanto al tomar posesión del cargo como cuando cesa en él, y estos datos están publicados en la pagina web de cada consejería.
