Canarias reclama que en el futuro sistema de financiación autonómica se incluyan los criterios de desempleo, pobreza y dependencia junto a la población, con el fin de contar con los fondos suficientes para atender los servicios públicos básicos. La Comunidad Autónoma considera también esencial que se separe la financiación de los servicios públicos de los beneficios del Régimen Económico y Fiscal (REF), ya que éstos van destinados a compensar los costes de la lejanía y la insularidad de Canarias y no a sufragar la sanidad, la educación y las políticas sociales.
El objetivo del Gobierno regional es, al menos, situar al Archipiélago en la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades. Pero lograrlo no va a ser fácil ya que las Islas parten con una situación de desventaja que se arrastra desde el modelo que se aprobó en 2001 y en el que el fuerte crecimiento de la población que experimentó Canarias en la pasada década no se vio compensado, lo que supuso un déficit que tampoco resolvió, incluso empeoró, el modelo de financiación autonómica aprobado en 2009.
El Ejecutivo contempla en el nuevo sistema el criterio de la población ajustada, en el que se integran parámetros como la dispersión geográfica, el envejecimiento o la población joven hasta 25 años por la prolongación de la etapa estudiantil. Pero Canarias también busca que las autonomías que acumulan mayores problemas de pobreza y desempleo tengan una consideración especial al tener que dedicar más fondos para paliar las necesidades sociales.
El REF, un lastre
"Las singularidades canarias no pueden ser un lastre a la hora de repartir los recursos ni un elemento que perjudique a las Islas dentro del sistema", aseguró ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila. Por eso, una de las principales batallas que tendrá que acometer la Comunidad Autónoma es convencer a expertos, técnicos, funcionarios y al resto de comunidades autónoma de que el REF no es un privilegio de Canarias, que su fin es equilibrar los costes estructurales añadidos que suponen la lejanía e insularidad y que no se pueden incluir en la financiación autónoma como hasta ahora porque "distorsiona" el sistema y el propio fin del régimen especial isleño.
Este hándicap que se arrastra desde 2009 ha provocado, según los cálculos de Hacienda, unas pérdidas de 500 millones de euros anuales. Dávila criticó que se confunda la compensación por la lejanía e insularidad con la financiación por parte del Estado de los servicios públicos esenciales. Por eso el Ejecutivo ha incluido la exclusión del REF del sistema de financiación en la "agenda canaria" suscrita entre CC y el PSOE.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la comunicación que remitirá el Ejecutivo al Parlamento para que haya un pronunciamiento unánime de los grupos políticos de la Cámara regional sobre las reivindicaciones canarias, de cara al inicio de las negociaciones para el nuevo sistema de financiación autonómica. Dávila remarcó que también se intensificarán los contactos con otras comunidades perjudicadas por el actual modelo -Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia- para buscar puntos en común.
La importancia de esta negociación es fundamental para Canarias, hasta tal punto que la consejera de Hacienda la pone al mismo nivel que cuando se negoció la entrada de Canarias en la Europa comunitaria. "Es innegable que estamos ante un reparto muy desigual, injusto y arbitrario de los recursos entre las autonomías que es necesario corregir cuanto antes", subrayó Dávila.
Los datos son elocuentes: Canarias ha perdido entre 2009 y 2013 3.414 millones de euros, a una media de 700 millones anuales. Con respecto a la comunidad mejor financiada -Cantabria- las Islas cuentan con 680 euros menos por habitante que la comunidad cántabra. Para cubrir esta insuficiencia presupuestaria la Comunidad Autónoma dispone de unos 400 millones anuales de fondos propios.
La comunicación que se enviará al Parlamento reclama que se respeten los principios de solidaridad, equidad y autonomía financiera que también se incluyen en el sistema vigente pero que se han incumplido de forma sistemática. Asimismo, se demanda que el Estado incorpore recursos adicionales para garantizar las prestaciones del Estado de Bienestar.
