La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha llamado a declarar, en calidad de investigados, a cuatro sanitarios del Servicio Canario de Salud (SCS) por supuestas irregularidades cometidas en la actuación médica practicada sobre un grupo de inmigrantes rescatados a 14 millas del sur de Gran Canaria el pasado 7 de febrero. Fuentes consultadas en la Fiscalía de Las Palmas, cuya iniciativa ha propiciado esta investigación, apuntan que hay más personal sanitario convocado para ofrecer su versión de los hechos en calidad de testigos.
La Fiscalía solicitó la apertura de este expediente investigador, en base a un informe del Cuerpo Nacional de Policía, con la intención de revisar la labor de los estamentos implicados, depurar responsabilidades y esclarecer el trato dispensado a los 26 irregulares -de un grupo de 42- que fueron derivados por Cruz Roja a los centros de salud de Maspalomas y Arguineguín. En esta actuación, el Juzgado plantea, como hipótesis inicial, la posibilidad de haber incurrido en un delito relacionado con el deber de socorro sobre unas personas que, después de cinco días de trayecto -tras partir de Cabo Bojador, en el Sahara Occidental-, supuestamente recibieron el alta sin las atenciones médicas correctas. Desde la Fiscalía no se aborda este suceso como un hecho aislado, sino que se contempla junto al precedente de noviembre de 2014, en el que 21 inmigrantes fueron trasladados en un camión de basura tras desembarcar en la playa de Maspalomas.
En la embarcación del 7 de febrero viajaban 33 hombres y nueve mujeres. Dos fueron llevados a prisión como patronos responsables y ocho fueron retenidos bajo la sospecha de tirar al mar a seis compañeros fallecidos durante la travesía. Los casos más graves de salud fueron trasladados al Hospital Negrín y al Insular, donde uno de ellos perdió la vida. Los 26 subsaharianos restantes tuvieron que pernoctar en el suelo de la comisaría de Maspalomas sin unas aparentes mínimas condiciones higiénicas ni médicas y con síntomas del deterioro de su salud. Los policías tuvieron que insistir para que los médicos volvieran a atender a los más graves.
Esta investigación -en paralelo a la causa abierta por Extranjería- ha pedido la colaboración de los cuatro funcionarios: un médico, un responsable de zona, un gerente y un directivo de centro sanitario. Estos ofrecieron su versión de los hechos asistidos por un letrado del SCS. La consejería de Sanidad confirmó ayer la apertura de las diligencias previas y aclaró -tras una información publicada por El País-, que sus sanitarios prestaron declaración ante un funcionario y no al juez, por lo que se encuentran a la espera de conocer "si la causa se archiva o si se abren nuevas diligencias".
La imagen de los inmigrantes en el garaje de la comisaría fue definida como "dantesca" por parte del delegado del Gobierno de España en Canarias, Enrique Hernández Bento, que, tras reconocer que la situación "cogió con el pie cambiado a las instituciones", acordó un nuevo protocolo de actuación con el Gobierno regional para agilizar la coordinación y la asistencia a inmigrantes. Las novedades para un servicio más ágil y efectivo fueron aplicadas por primera vez el 21 de marzo tras la llegada de una barquilla a Gran Canaria con 51 irregulares a bordo.
El consejero de Sanidad del Ejecutivo canario, Jesús Morera, señaló durante la rueda de prensa ofrecida el 22 de marzo, en la que se expusieron los cambios en el protocolo de actuación, que "tenía la conciencia tranquila" respecto a la asistencia prestada y avanzó que dentro de las diligencias policiales abiertas a raíz de este caso ya se había tomado declaración al personal médico implicado. El consejero explicó entonces que, aunque se dé el alta a un paciente, estos requieren un tratamiento posterior porque el deplorable estado de salud con el que llegan tras una travesía tan complicada propicia la recaída de estas personas.
