La gestión que realizó José Manuel Soria durante sus ocho años como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria tuvo sus luces derivadas del proceso de modernización que experimentó la ciudad y las sombras que generaron las que acabaron en largos procesos en el ámbito judicial. Algunas aún colean.
Entre las más discutidas figura la compra por parte del Ayuntamiento de La Favorita, la vieja fábrica de tabaco ubicada en El Secadero, que fue adquirida por por 12 millones para albergar servicios municipales cuando apenas un año antes estuvo tasada en siete millones.
La construcción de dos torres junto al viejo canódromo de Ciudad Alta estuvo tuvo un largo proceso en los tribunales, hasta que en 2014 el Tribunal Supremo anuló el plan por el que se permitió la edificación de los dos edificios de 15 pisos de altura. La resolución revoca el Plan General de Ordenación de 2000, que avaló su construcción.
Hasta hace algunos meses se mantenía la incógnita de si finalmente se lograba salvar a la Biblioteca pública del Estado del derribo tras una sentencia firme en tal sentido. La denuncia de los vecinos se realizó cuando se recalificó la parcela donde en principio iba una zona verde y en la etapa de Soria en el Ayuntamiento se autorizó la construcción del citado inmueble.
Un caso por el que Soria estuvo imputado dos meses fue el de Jinámar , cuando el entonces alcalde negoció con el promotor Ambrosio Jiménez la permuta de las viviendas sociales del barrio del Mirador del Valle por suelo de su propiedad en Marzagán para trasladar allí a los vecinos y construir en el terreno resultante, tras derribar las casas, un centro comercial.
El caso Isolux fue heredado por la exalcaldesa Pepa Luzardo de la etapa de Soria, por el que el Ayuntamiento adjudicó dos módulos para la desalación de agua a favor de la empresa Isolux.
