El magistrado Salvador Alba ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un segundo informe sobre las anomalías procesales que ha podido cometer su colega Victoria Rosell en la investigación por fraude fiscal al propietario del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Además de la posible vulneración del deber de abstención por los vínculos comerciales entre Ramírez y la pareja de la juez, Alba considera que Rosell no tramitó con la diligencia debida una documentación aportada por una acusación a través de la Policía Nacional con información relevante para la causa.
Esa documentación, que contiene extractos bancarios de la nómina de los trabajadores de Ramírez, se presentó en febrero de 2014 y quedó unida al procedimiento por una providencia firmada por Rosell el 30 julio de 2014, pero no se notificó a las partes ni se les trasladó la memoria USB que contiene esos documentos. Es el propio Alba, cuando llega al juzgado para sustituir a la diputada de Podemos, quien realiza ese trámite en diciembre de 2015, es decir, 22 meses después de que se entregase al juzgado la información contable en un soporte informático. Se trata de datos importantes para el proceso porque la investigación trata de acreditar si Seguridad Integral Canaria ha pagado a sus trabajadores horas extraordinarias camufladas en dietas, con el consiguiente ahorro en impuestos y cotizaciones, un engaño que Ramírez ha negado en sus tres comparecencias judiciales como propietario de dicha empresa.
Esa y otras incidencias sobre la tramitación de la causa ya fueron puestas de manifiesto por Alba en un informe interno pedido por la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, quien ha denunciado en dos ocasiones a Rosell por supuestas irregularidades en la instrucción de la causa, tanto por el retraso en su tramitación como por los vínculos comerciales entre Ramírez y el periodista Carlos Sosa, que es la pareja actual de Rosell. Ambas quejas fueron archivadas por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ. La última de ellas, que cuestionaba el deber de abstención de la magistrada, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aunque el ministerio público ha anunciado su intención de recurrir al Supremo porque considera que no vulneró los derechos fundamentales de Rosell al investigarla en campaña electoral sin competencias.
En medio de esa última controversia, la diputada, para defenderse del informe interno de Alba, divulgó el pasado mes de diciembre la providencia que firmó el 30 de julio de 2014. Lo hizo a través de las redes sociales, con la finalidad de acreditar que sí estudió la documentación y ordenó que se le diera traslado a las partes. Su sustituto, en cambio, insiste ahora en que fue él quien cumplió con ese trámite, incluso siembre la duda sobre la actuación de su colega, pues comunica al CGPJ que la controvertida providencia está en un tomo diferente al que debería estar, el cual fue cerrado de manera oficial por el secretario judicial un mes y medio antes de que se dictara la resolución, es decir, el 16 de junio de 2014. Alba, además, insinúa que se dejó un folio en blanco para poder corregir luego el supuesto fallo.
Este nuevo informe es complementario al que mandó al CGPJ a principios de este mes, tras tomarle declaración a Ramírez a finales de marzo. El investigado, de forma voluntaria, reveló que entre 2002 y 2011 financió, junto a "otros empresarios", los negocios periodísticos dirigidos o participados por sociedades vinculadas a Sosa, todo mediante tres préstamos que se convertían en acciones tras vencer y no devolverse el dinero.
Comisión Permanente
Alba entiende que esa relación comercial llega a la actualidad y compromete a Clan de Medios de Comunicación y Marketing, que es la empresa con la que Sosa gestiona en estos momentos el digital Canarias Ahora. Esa sociedad, además, ha arrendado a la UD Las Palmas su frecuencia de radio. La operación, que asciende a 300.000 euros, se cerró pocos días después de que Rosell abandonara el juzgado para presentarse como diputada a la elecciones generales con Podemos. De ahí los informes elevados al CGPJ por Alba, los cuales inciden en que debió apartarse de la causa por esos vínculos de su pareja con el empresario, entre otras incidencias procesales y el supuesto interés indirecto entre esos negocios y la tramitación de la causa.
Por esos hechos, además, el Tribunal Supremo debe resolver si admite una querella del exministro José Manuel Soria contra Rosell. La Fiscalía ha informado en contra, pero la Sala de lo Penal ha pedido un informe a Alba y su juzgado antes de pronunciarse.
Y mientras llega esa resolución, la Comisión Permanente del CGPJ abordará en su reunión de hoy una petición de amparo solicitada por Alba, aunque el magistrado ha renunciado a la misma al no sentirse presionado por las informaciones de Canarias Ahora.
