27 de abril de 2016
27.04.2016

Los sindicatos piden daños y perjuicios al Ejecutivo por el ajuste a los laborales

El Tribunal Constitucional anula el recorte del 20% realizado por el Gobierno en 2013

26.04.2016 | 23:45
Aarón Afonso.

Los sindicatos reclamarán al Gobierno regional responsabilidades políticas y económicas por los daños y perjuicios ocasionados al personal laboral temporal e indefinido y a los funcionarios interinos de la Comunidad Autónoma, tras la sentencia del Tribunal Constitucional en la que anula la medida adoptada en 2013 de reducir en un 20% la jornada y el salario de estos trabajadores. La decisión del Ejecutivo duró cuatro meses -de enero a abril- ya que después se restituyó al colectivo los derechos perdidos, si bien los recursos judiciales siguieron adelante.

Las centrales sindicales exigen además que se les abone de inmediato a los trabajadores las cantidades dejadas de percibir en ese periodo con sus correspondientes intereses, sin tener que esperar a que se notifique la sentencia a los servicios jurídicos del Ejecutivo.

El primer sindicato en dar un paso al frente para exigir daños y perjuicios es el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), cuyo portavoz, Manuel González, critica que cada día que pasa "el Gobierno se complica para darle salida a este asunto, se trata de un trato discriminatorio y ahora que nos da la razón el Tribunal Constitucional se tiene que reparar el daño cuanto antes".

El fallo del Constitucional declara inconstitucional y nula la disposición adicional 57ª de la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2013, en la que se disponía una reducción del 20% de la jornada laboral y del salario para los funcionarios interinos y el personal laboral temporal e indefinido por razones de contención del gasto público bajo el argumento de garantizar los puestos de trabajo de este colectivo. Esta medida afectó a unos 3.000 trabajadores de la Administración autonómica.

La medida se aprobó siendo consejero de Presidencia Francisco Hernández Spínola y direc- tor general de la Función Pública el hoy consejero del ramo, Aarón Afonso. El departamento regional elude por lo pronto pronunciar- se sobre los efectos de la sentencia hasta que sea notificada oficialmente y valorada por los servicios jurídicos.

El Tribunal Constitucional refleja en la sentencia que "el mero hecho de tener un contrato de duración determinada no puede justificar un trato diferente que no aparezca fundado en razones objetivas suficientes". Los recortes y la contención del gasto públicos no son razones suficientes para el fallo del Constitucional, a tenor del contenido del mismo.

El texto hace reiterada alusión a la normativa de la Unión Europea, que garantiza la igualdad de los trabajadores sea cual sea el tipo de contrato que tengan y la duración del mismo, por lo que reducir el salario a los temporales y no a los fijos supone una discriminación e ir en contra del artículo 14 de la Constitución Española.

El Gobierno canario aprobó derogar el recorte impuesto a los laborales no fijos y funcionarios interinos cuatro meses después de iniciar la medida y, posteriormente, la mayoría se acogieron a la disposición del Ejecutivo de devolverles el salario recortado a cambio de hacer las horas que se habían reducido. Los sindicatos exigen que estas horas también sean compensadas.

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