Gesplan nació en 1991 cuando la empresa Gestión Urbanística (Gestur), que había sido una herramienta de la Consejería de Política Territorial, pasó a ser de Obras Públicas. De ahí que el Ejecutivo apostara por crear una sociedad instrumental para desarrollar proyectos sobre el territorio, pero nunca con el propósito de cercenar la actividad privada, ya que, entre otras medidas, se contrataba a los profesionales liberales para que hicieran los trabajos de planeamiento. En los últimos diez años Gesplan entró en una espiral que le llevó a acaparar prácticamente todo lo que tenía que ver con el suelo del Archipiélago. Este monopolio forma parte de la "peor herencia que puede atribuirse a Paulino Rivero", quien, después de ocho años, abandonó en julio de 2015 la Presidencia de Canarias.
Así lo interpreta el fundador de Gesplan, José Francisco Henríquez, quien criticó la "época oscura" de esta empresa bajo la gerencia de Rafael Castellano y con Domingo Berriel como consejero de Ordenación Territorial, ya que "sustituyó a la libre iniciativa privada".
Con la llegada de Fernando Clavijo al cargo de presidente de las Islas, Castellano, que era persona de máxima confianza de Rivero, cesó en agosto de 2015 y fue relevado por la jurista Beatriz Calzada como consejera delegada de Gesplan.
Durante su etapa al frente de la mercantil, Castellano recibió críticas por su discutida gestión de los fondos públicos, así como continuas acusaciones de arquitectos e ingenieros, entre otros colectivos, por considerar que Gesplan estaba copando el planeamiento, al concentrar desde planes generales de ordenación, proyectos urbanísticos y rehabilitación de espacios turísticos, hasta la ejecución de acciones ligadas al medio ambiente.
La sociedad está otra vez en el ojo del huracán debido al presunto plagio de un proyecto por parte de Castellano. El Gobierno ha encargado una auditoría a una firma externa para comprobar las "similitudes" entre una propuesta que hizo Gesplan para remodelar el centro comercial Metro, en Playa del Inglés, y una oferta que presentó Castellano a los dueños del establecimiento tras dejar el cargo. El estudio de la consultora tendrá que determinar si existe algún tipo de responsabilidad y, en función de ello, la Comunidad Autónoma analizará las medidas a emprender.
Incompatibilidad
De momento, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, ha elevado el caso a la "oficina de incompatibilidad". Este órgano no existe como tal, sino que es así como se conoce coloquialmente a un servicio dentro de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia. En concreto, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alejandro Parres, es quien vela por el cumplimiento del estatuto de altos cargos y buen gobierno, entre otras funciones. Este departamento indaga si Castellano vulneró la Ley de Incompatibilidades, que impide a puestos directivos dedicarse a actividades que puedan suponer un conflicto de intereses durante los dos años siguientes a su cese.
Sea como fuere, la actuación de Gesplan arrasó con la "sana competencia" entre los técnicos y provocó la desaparición de oficinas dedicadas al urbanismo, según denuncian asociaciones y colegios oficiales, que censuran las "agresivas técnicas" y "presiones" que usaba Gesplan para arrogarse planes de ordenación, que después, en su mayoría, no ha culminado. "Los ayuntamientos están desesperados porque no salen los proyectos ni los planes a tiempo; primero quita el trabajo y luego no lo desarrolla", reprueban desde las organizaciones.
Y eso en un contexto en el que "todos los ingenieros y arquitectos y otros profesionales del medio ambiente" que ejercen la actividad privada se han visto "ninguneados y marginados", manifestó José Francisco Henríquez, que, asimismo, reprochó que Gesplan asumiera "todos los planes de modernización turística y los hiciera todos iguales". "Se instituyó poco menos que un pensamiento único", protestó este ingeniero, que culpa a esta empresa de que "se apagaran cabezas, se desconectaran conocimientos técnicos e intelectuales y se cortocircuitaran creatividades" entre los profesionales del Archipiélago.
La forma de proceder de Gesplan se tradujo en la destrucción de numerosos gabinetes y la consiguiente merma de empleos. La Roche Consultores, uno de los más prestigiosos estudios de planeamiento de las Islas, fue una de sus víctimas. Esta empresa ya se está liquidando, después de pasar por la fase de concurso de acreedores, todos sus trabajadores a la calle y su propietario, Fernando La Roche, emigrado a Abu Dhabi.
"Gesplan nos atracaba quitándonos trabajos que iban a ser para nosotros y luego simplemente apropiándose de todos los proyectos de planeamiento en Canarias", lamentó desde la distancia. Su empresa tenía 17 empleados, que trabajaban especialmente en Gran Canaria y Lanzarote, aunque también en Tenerife, Fuerteventura y La Palma. Facturaba una media de 700.000 euros al año, de los que el 70% iban para gastos de personal, "todos técnicos muy cualificados". La Roche culpa a Gesplan de ser responsable de más del 50% de la pérdida del negocio.
El despacho de Francisco González Jaraba fue otro de los perjudicados por la intervención de Rafael Castellano en Gesplan, ya que este ingeniero estaba redactando hace unos ocho años los planes generales de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Firgas, Agaete y San Bartolomé en Lanzarote, pero "de alguna forma Gesplan impuso a los ayuntamientos su gestión". De repente, perdió el 80% de su volumen de trabajo y su plantilla pasó de 25 a 10 trabajadores. "El daño fue enorme. Gesplan provocó una ruina para los profesionales que se dedican al planeamiento urbanístico. Nunca tuvo que dedicarse a esto, no puede hacer competencia desleal a los estudios privados. Yo sobreviví cogiendo otro tipo de proyectos, no sólo de planeamiento", alega.
Sin embargo, eso va a cambiar. El Gobierno ha pinchado el globo de Gesplan. No sólo ha limitado sus funciones en la nueva Ley del Suelo en fase de elaboración, sino que la presencia de Beatriz Calzada en la dirección busca un giro. La sociedad se compromete a no asumir trabajos que debe cubrir el sector privado, no redactar ni ejecutar proyectos y ceñirse al planeamiento, la mejora de infraestructuras y la gestión medioambiental. "Nadie va a obligar a que sea Gesplan la que realice planes generales ni de modernización, la empresa pública tiene que ser el último recurso", garantizan desde el Ejecutivo.
