Las alegaciones de la Fecam a la Ley del Suelo contienen una parte en la que valoran los logros conseguidos por el municipalismo con esta nueva ley y otra donde detalla sus reparos y propone alternativas. Los alcaldes aplauden la decisión de que los planes generales de ordenación puedan ser aprobados definitivamente por los ayuntamientos y que la Cotmac deje de tener esta potestad como hasta ahora. Se trata, según la Fecam, de cumplir con el principio de subsidiariedad, es decir, el acercamiento de la toma de decisiones a las autoridades más cercanas a los ciudadanos.
No obstante, los municipios son conscientes de que se pueden enfrentar en un futuro a un escenario en el que muchos ayuntamientos, especialmente los de menos de 10.000 habitantes, carezcan de recursos para disponer del órgano ambiental que les permite la ley para aprobar su planeamiento. Ante ello, valoran que el texto refleje que se encomiende esta tarea al Cabildo insular o a la Comunidad Autónoma.
En este sentido, la Fecam precisa que cuando un ayuntamiento encarga el informe ambiental de su plan general a una administración superior, sea ésta la que asuma su coste económico pero también que no recaiga sobre la corporación municipal la responsabilidad en caso de reclamación patrimonial, es decir, que el cabildo o el Gobierno asuma la plena responsabilidad como órgano ambiental del planeamiento.
El informe de alegaciones de los regidores municipales echa de menos que el anteproyecto de la Ley del Suelo no contenga una ficha financiera que haga viable y creíble la innovación legislativa que se contiene en el texto. Los ayuntamientos demandan que se garantice la suficiencia económica con el fin de que la Comunidad Autónoma asegure a los cabildos y a los municipios que puedan realizar su planeamiento de forma objetiva y no discrecional.
Para la Fecam, que la nueva norma no contenga los medios económicos para posibilitar que los ayuntamientos asuman la totalidad del planeamiento es "perseverar" en una deriva que es "irresponsable" y "absurda". Para el movimiento municipalista, si no se arbitran los recursos necesarios la ley puede ser "inaplicable", como ya ha sucedido en anteriores leyes donde los cambios en la gestión no iban acompañados de recursos.
