"La Radio Televisión Canaria necesita seis millones de euros para frenar su deterioro progresivo y sangrante y poder mantener su programación local". Santiago Negrín, presidente del Consejo Rector de RTVC, lanzó ayer esta llamada de socorro al Parlamento de Canarias para que incremente el presupuesto del ente público de forma urgente durante la comisión control a los medios de comunicación públicos. Negrín aseguró que se ha quedado sin fondos para contratar programas locales por los 3,5 millones de euros de recorte presupuestario de este año y la disminución de ingresos publicitarios en un millón de euros. Esto ha provocado, según las explicaciones de Negrín en el Parlamento recogidas por la agencia Efe, que se hayan tenido que suspender espacios televisivos y que se hayan quedado sin trabajo más de 400 familias isleñas.
"Con los presupuestos que manejamos es imposible que la Radio Televisión Canaria cumpla con una de sus principales funciones, que es la de fomentar la realización de programas por parte de las productoras locales y ayudar al tejido productivo audiovisual de las Islas", señaló Negrín. Ninguno grupo político apoyó ese incremento presupuestario. Santiago Negrín explicó que el presupuesto de Televisión Canaria ha pasado de 61 millones de euros en 2008 a 27,9 millones en 2016, y en ese periodo la audiencia media ha caído del 10,2% al 5,3. Negrín quiso dejar claro que "una de las partidas sagradas es la de las nóminas del personal y su pago está garantizado", subrayó.
El caso Guillermo García
Por su lado, la juez del caso Guillermo García ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre las presuntas irregularidades del exdirector de la RTVC. María de los Ángeles de Lorenzo Cáceres-Farizo, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, lo ha hecho partiendo el proceso en cuatro piezas para impedir que se convierta en una macrocausa y se eternice.
La magistrada investiga los contratos por un valor total de 22 millones de euros que firmó Guillermo García-Machiñena con varias productoras cuando llevó las riendas del ente público entre diciembre de 2007 y marzo de 2015. Por esta investigación, la juez ha imputado a García como presunto autor de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. También están imputados por estos mismos delitos Francisco Padrón, como responsable de la empresa Amanecer Latino, y la que fuera directora financiera Lourdes Reyes.
