Hasta un 80% del montante de la inversión extranjera que Canarias recibió en 2015 no sirvió para crear ni un solo puesto de trabajo. No en vano, las Islas fueron el año pasado, en términos relativos, la comunidad autónoma predilecta de las polémicas entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y sus inversiones fantasma. En ninguna otra de las 16 restantes regiones del país tuvo tanto peso la actividad de las ETVE en el total de la inversión extranjera. De hecho, estas controvertidas empresas solamente operaron en 2015 en cinco autonomías, incluido el Archipiélago.

La propia Dirección General de Comercio e Inversiones avisa de que las ETVE suelen ser sociedades meramente instrumentales, "establecidas por conveniencia fiscal", que "generan escaso empleo directo o inversión en el país donde radican". Son, en síntesis, entidades cuyo objeto se reduce a la tenencia de acciones, de ahí su nombre, de sociedades extranjeras.

Con su implantación se quiso emular a países como Holanda, Luxemburgo o Irlanda a fin de despertar el interés de los holding, ya que los dividendos procedentes de participaciones en el capital de empresas no radicadas en España disfrutan de exención fiscal. En 2010, las autoridades brasileñas incluyeron las ETVE en su lista de regímenes privilegiados, es decir, situaron a nuestro país a la altura de paraísos fiscales.

Hay que recordar el caso de ExxonMobil Spain, que descubrió en 2011 cómo una de las mayores empresas del mundo se aprovechó de la figura de la ETVE, por otra parte perfectamente legal, para ganar casi 10.000 millones en dos años sin pagar un solo euro de impuestos y, además. con un único empleado: su administrador.

En cualquier caso, la actividad de las ETVE no implica fraude (aunque a veces lo implique), pero sí tiene mucho de ingeniería financiera. Sea como sea, su volumen de negocio ha disminuido sobremanera desde que en 2002 llegara a cerca de dos tercios de la inversión extranjera total en España. Sin embargo, este sensible decremento no se observa en Canarias, donde un 80% de los fondos que entraron en 2015 procedentes del exterior tenía la firma de estas sociedades instrumentales.

Las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio revelan que la inversión extranjera en Canarias durante el pasado ejercicio ascendió a casi 395 millones de euros (exactamente 394,8). De ese total, no obstante, la friolera de 314 millones fue la cantidad que movieron en las Islas las ETVE, de modo que prácticamente un 80% de los fondos no sirvieron ni para crear un solo puesto de trabajo. En otras palabras: menos de 81 millones de euros de esos cerca de 395 redundaron verdaderamente en beneficio de la economía de la región.

En valores absolutos, solo una de las otras cuatro comunidades en que las ETVE operaron el año pasado fue escenario de un mayor tránsito de capitales. Es Madrid, donde la actividad de las entidades de tenencia de valores extranjeros supuso un montante de más de 467 millones de euros. En Cataluña fueron 132,5 millones, 57 en la Comunidad Valenciana y solamente 80.000 euros en el País Vasco.

Pero es con términos porcentuales con los que queda de manifiesto hasta qué punto las ETVE han encontrado en Canarias uno de sus territorios favoritos. Mientras que en las Islas esa inversión improductiva casi llega a un 80% del total del capital foráneo, en Madrid no supera el 4,4%. En el País Vasco representa un porcentaje ínfimo; en la Comunidad Valenciana, un 18,3%; y en Cataluña, un exiguo 2,7%.

La controversia sobre las ETVE saltó por última vez desde el ámbito financiero al político el pasado 27 de abril. Ese día, la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley de IU-Unidad Popular por medio de la cual se exigía la supresión de este instrumento fiscal.

La iniciativa prosperó a pesar del voto en contra del Partido Popular y de la abstención de Democracia y Libertad. El portavoz de IU, Alberto Garzón, argumentó entonces que las ETVE operan como si España fuera un paraíso fiscal y que, en consecuencia, usan nuestro país a modo de "plataforma para reducir su carga fiscal en sus lugares de origen". "Hay elementos legales y otros ilegales, pero todos conducen a una minoración de los ingresos del Estado", afirmó.