Los sindicatos CCOO y UGT, que impulsan la plataforma en contra del anteproyecto de la Ley del Suelo del Gobierno canario, amenazan con convocar movilizaciones si el Ejecutivo no retira el texto antes de que llegue al Parlamento e "inicia un proceso real de consenso". Para el secretario general de CCOO, Carmelo Jorge, el Gobierno "ha hecho una hábil campaña de presentación del documento e intenta sustituir el debate por presentaciones", pero "el debate es ponerlo sobre la mesa y someterlo a los posibles cambios".

El secretario general de UGT, Gustavo Santana, explicó que promovieron la plataforma con el lema "Canarias no es un solar" para recoger el sentir de muchos ciudadanos en contra de esta norma. La plataforma cuenta ya con los apoyos de cinco sindicatos, organizaciones ecologistas, partidos políticos como Nueva Canarias, Podemos e Izquierda Unida, organizaciones sociales como la Fundación César Manrique, exaltos cargos del Gobierno como Paulino Rivero y el expresidente del Cabildo herreño, Tomás Padrón, - ambos vinculados a CC- , además de profesionales y cargos púbicos. En total más de un centenar de firmantes.

Estos sindicatos cuestionan el "supuesto proceso participativo" en la elaboración de la nueva ley, de cara a afrontar una "cuestión tan fundamental" para un territorio limitado como el canario y que es "tan sensible en un posible desarrollo urbanístico", precisó Santana. Los sindicatos sostienen que la ley estimula que "cada ayuntamiento haga con sus planes urbanístico lo que quiera" y temen que, "al final, se vaya a a romper la cohesión territorial, a l cederles las competencias".

Argumentan que se va a fomentar más la economía especulativa que la productiva, porque "ya hay antecedentes claros y más del 40% de los ayuntamientos canarios están inmersos en procesos judiciales por delitos urbanísticos", asevera del dirigente de UGT.

Ambos sindicatos creen necesario que perviva el papel de la Cotmac como una herramienta fiscalizadora, y que no solo tenga la capacidad de emitir informes medioambientales sino de legalidad. Las organizaciones sindicales trasladarán al presidente, Fernando Clavijo, que retire el anteproyecto de ley, para consensuarlo de nuevo, en la próxima reunión del Consejo Asesor del presidente, así como se pronunciarán en el Consejo Económico y Social.