El Gobierno de Canarias ha acordado este martes remitir a su Consejo Consultivo el proyecto de decreto que regulara el funcionamiento del Consejo de Colaboración Insular, el órgano que canalizará la cooperación de la comunidad autónoma con los siete cabildos.
Según el proyecto de decreto, el Consejo de Colaboración Insular estará integrado por siete representantes de la Administración Pública de la comunidad autónoma y otros tantos por parte de los cabildos, uno por cada corporación insular.
El Consejo de Colaboración Insular asumirá las funciones que le atribuye la Ley de Cabildos, entre las que destacan aprobar los acuerdos que fijen las competencias que se transfieren a los cabildos, las que siguen correspondiendo a la administración autonómica y las que deban compartir.
También emitirá informe sobre los planes sectoriales de coordinación o propondrá cómo participan los cabildos en los procedimientos del Gobierno de planificación, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directamente.
El Gobierno canario sostiene que la constitución y funcionamiento del Consejo de Colaboración Insular "no supondrá incremento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos", ya que deberá ser atendido con "los medios personales, técnicos y disponibilidades presupuestarias ordinarias asignadas al órgano superior competente en materia de régimen local, no dando lugar a planteamiento de necesidades adicionales de financiación".
El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo (CC) también ha acordado este martes remitir al Consejo Consultivo el decreto que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Canarias, para que emita su dictamen.
Según destaca el Gobierno en un comunicado, el currículo de ambas etapas educativas contribuirá a que los alumnos "conozcan, aprecien y respeten los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes del archipiélago, así como los de su entorno".
Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado una modificación del Reglamento de la Ley de Transportes (72/2012) con el objetivo de regular el desplazamiento temporal entre islas de los vehículos de la clase VTC (limusinas), para que estos vehículos puedan prestar servicios en isla distinta a aquella en la que tengan residenciada su autorización.
