Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado este viernes la presentación de una denuncia penal contra los responsables de los recortes salariales de 2013 al personal laboral de la Comunidad Autónoma y quiere que "las pesquisas" empiecen por los entonces consejeros de Presidencia, Francisco Hernández Spínola (PSOE), y de Hacienda, Javier González Ortiz (CC).
La Comunidad Autónoma recortó en un 20% el salario de su personal laboral entre enero y abril de 2013, una medida anulada recientemente por el Tribunal Constitucional por discriminatoria, al excluir al personal funcionario y centrarse en los trabajadores más precarios.
El sindicato cree que los responsables de este recorte salarial pueden haber cometido delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.
Aunque ese recorte fue aprobado sin debate social ni político por el Parlamento como una "enmienda de última hora" presentada al proyecto de ley de presupuestos por CC y PSOE, el sindicato apunta a que la responsabilidad procede del Gobierno de Canarias, aunque será la justicia la que debe determinarlo.
Si los tribunales abrieran investigaciones contra personas concretas, estas deberían "abandonar definitivamente la actividad política", dijo en rueda de prensa el secretario general de CCOO de Canarias, Carmelo Jorge, quien calificó de "moralmente intolerable" que se metiera "la mano en el bolsillo" de los empleados más precarios bajo amenaza de "despidos masivos".
Si el recorte salarial se hubiera aplicado a todos los empleados públicos, habría sido del 0,1%, no del 20%.
Pero "era más jaleo" por la mayor capacidad de defensa y reacción de los funcionarios contra la medida, subrayó Carmelo Jorge, y por eso se seleccionó a los 3.500 empleados "más débiles, menos estables y más precarios".
Se utilizó así "una de las prácticas más negras y retrógradas de los sectores más retrógrados de la patronal", según Carmelo Jorge.
El secretario general de CCOO desvinculó la denuncia de la campaña a las elecciones generales, a las que concurre Hernández Spínola como candidato en las filas del PSOE.
Desde un primer momento CCOO dijo que no iba a salir gratis y se presenta la denuncia en cuanto se ha producido la sentencia de la anulación del recorte por parte del Tribunal Constitucional, explicó.
Además de un posible delito contra los derechos de los trabajadores, el sindicato cree que puede haber habido prevaricación, puesto que el Gobierno de Canarias fue advertido desde mayo de 2012 por la Secretaría de Estado para la Unión Europea que no se podía recortar a colectivos de empleados públicos en función de su relación contractual, dijo Jaime Moujir, de la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO.
El representante de la federación de enseñanza del sindicato, José Ramón Barroso, dijo que en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias percibió los primeros indicios de inconstitucionalidad del recorte salarial, en abril de 2013, el Gobierno de Canarias quiso "borrar las huellas del crimen".
Por eso procedió a devolver rápidamente el dinero a los afectados a cambio de restituir el tiempo no trabajado y de renunciar a ejercer su derecho a emprender acciones legales.
Pese a esa devolución del dinero, Canarias continuó siendo "la campeona del déficit", lo que demuestra que además de inmoral, el recorte salarial era "gratuito e innecesario", afirmó Carmelo Jorge.
