La escasez de medios y de capacidad técnica que tienen la mayoría de ayuntamientos para llevar a buen puerto procesos tan complejos y costosos como son los planeamientos es el principal obstáculo a resolver para que los ayuntamientos asuman mayor protagonismo en la gestión de su suelo. De ahí que el Gobierno de Canarias se haya comprometido con la Fecam a introducir en la futura Ley del Suelo una ficha financiera realista, que permita a las corporaciones locales contar con una financiación adecuada, ya que se ha reducido en los últimos años de seis millones a uno.
Esta escasez ha venido a complicar aún más la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los 88 ayuntamientos de Canarias. "Los planes generales están estancando pese al gran esfuerzo que se ha hecho por sacarlos adelante", recuerda Jesús Romero. El viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias explica que "solventar este problema ha llevado a recurrir a planes supletorios, una vía de escape establecida en el artículo 47 de la actual ley como vía de escape".
Para los alcaldes, el problema estriba en la excesiva carga económica que pesa sobre el planeamiento municipal, así como la concepción de que "los planes generales de ordenación deben abarcarlo todo: desde un plan vulcanológico hasta el plan de género". De ahí que defiendan la necesidad de dotar de mayor flexibilidad al urbanismo, en el línea de municipios de referencia como Barcelona, que cuenta con un plan general en continua revisión y adaptación.
Alcalde de La Laguna hasta su acceso a la Presidencia del Gobierno autonómico, el propio Fernando Clavijo no pudo sacar adelante el PGOU de su municipio. De ahí su apoyo sin ambages a que sean los ayuntamientos quienes deban decidir sobre la gestión del suelo. Desde su experiencia municipal comparte, además, esa sensación de muchos alcaldes de que existe "una desacreditación generalizada" de los ayuntamientos en relación a la gestión del suelo. Y que defiendan de forma unánime, con independencia de su color político, la necesidad de revertir esa percepción social.
"Hay que conocer la realidad municipal para opinar sobre la Ley del Suelo", ha reclamado Manuel Ramón Plasencia, el máximo representante de los alcaldes canarios. De hecho, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) que preside ha dado su apoyo inicial al anteproyecto de ley, aunque presentando un buen paquete de alegaciones para mejorar el documento. Entre ellas, la citada financiación. Pero hay una figura, "heredera" del citado artículo 47, que preocupa a los alcaldes (también a los detractores de la ley, pero por otros motivos): los proyectos de interés insular o autonómico. Consideran que éstos "debilitan la autonomía municipal" al permitir que el cabildo o el Gobierno apruebe, de forma excepcional, proyectos fuera del planeamiento general.
